La Asamblea Nacional legítima reiteró este jueves 2 de marzo debatió Proyecto de Acuerdo de la declaración de Emergencia del Parque Nacional Yapacana en Amazonas, consecuencia de la política minera del estado venezolano.
Por lapatilla.com
Yapacana es un “paraíso” de la ilegalidad que tiene a Colombia como el territorio en el que los mineros vienen a gastarse el dinero y a conseguir insumos, maquinaria y las materias primas que necesitan para el trabajo en las explotaciones.
Una organización venezolana llamada SOS Orinoco dio a conocer en 2020 las dimensiones de la minería ilegal en el Parque Nacional Yapacana. Según su informe, para ese año se estaban explotando en cercanías de este cerro un total de 2035 hectáreas, algo así como 1884 canchas de fútbol. El documento también pone en evidencia que esta actividad se desarrolla con complicidad de las autoridades venezolanas.
Inicia el debate el diputado Julio Ygarza indicando que este es un acuerdo para la humanidad que el Parque Nacional Yapacana esta en riesgo ante la minería ilegal de territorios indígenas que a pesar de estar militarizado sigues destruyendo y acabando con la cultura de la región en las adyacencias del parque.
La intervención militar para desalojar la actividad minera que todavía persiste en el Parque Nacional Yapacana por más de 10 años sigue destruyendo y alertando al país.
El diputado indígena Romel Guzamana toma la palabra anunciando que los grupos armados en la frontera llevan años obteniendo millonarias ganancias de las minas. El oro es para muchos el objetivo como para otros el olvido y la destrucción de una cultura y una región.
Recordamos que el diputado dijo para la ONG S.O.S que “Ya todo el pueblo venezolano lo sabe, no hacen falta pruebas para culparlos. Sabemos cuál es el gran negocio porque todos los días me llaman para decirme que se están llevando el oro, diamante y coltán a territorio colombiano en vehículos de la Guardia Nacional, SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) y el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas). Todo eso está confirmado, pero nadie actúa”.