El tribunal surgido del acuerdo de paz que desarmó a las FARC en 2017 imputó este miércoles por primera vez a diez exmiembros de esa guerrilla en Colombia por reclutar a menores de edad durante su fallida guerra contra el Estado.
“Las FARC-EP utilizaron el reclutamiento como una estrategia político-militar para lo cual promovieron, ejecutaron el reclutamiento y utilización de niñas y niños”, declaró a los medios el magistrado de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) Raúl Sánchez.
Según el tribunal que castiga los peores crímenes cometidos por los diferentes actores del conflicto colombiano, esta es la primera acusación de ese tipo contra excombatientes de la guerrilla.
El magistrado Sánchez no especificó cuántos menores fueron obligados a tomar los fusiles por decisión de los imputados, aunque señaló que los casos ocurrieron en su mayoría a finales de los años 90 y desde 2011 hasta el año del desarme.
Entre los crímenes más atroces, registrados en el departamento del Cauca (suroeste), el juez detalló el caso de una menor indígena del pueblo Nasa que fue reclutada a los 14 años y luego ejecutada por sospechas de ser una informante.
Además de ese delito, la JEP imputó a los diez exguerrilleros por otros crímenes de lesa humanidad como el uso de minas antipersona y desapariciones que afectaron a comunidades aborígenes y campesinas.
“También se les imputan los crímenes de guerra de homicidio (…) ejecuciones sin previo juicio, desplazamiento y destrucción del medio ambiente”, indicó el tribunal en un boletín.
La JEP investiga desde agosto de 2021 a los rebeldes que firmaron la paz por al menos 18.667 casos de reclutamientos de niños durante cinco décadas de levantamiento armado.
En enero de 2021 imputó a altos mandos de las FARC por el secuestro de 21.396 personas entre 1990 y 2016. Los exguerrilleros aceptaron su responsabilidad y esperan una sanción.
Decenas de exmilitares, incluido un general, deberán también responder por el asesinato de 6.400 civiles que fueron ejecutados por el Ejército y presentados como bajas en combate a cambio de beneficios, en el escándalo conocido como “falsos positivos”.
La JEP ofrece penas alternativas a la prisión a quienes acepten su responsabilidad y reparen a las víctimas.
Se espera que emita sus primeras sentencias en el transcurso de este año.
AFP