El Tribunal Constitucional (TC) español avalará previsiblemente de manera íntegra la ley de eutanasia, después de que el magistrado ponente, Ramón Sáez Valcárcel, defendiera este jueves que se rechace el recurso de inconstitucionalidad presentado por el partido Vox (extrema derecha).
El pleno del TC comenzó a debatir sobre el recurso contra esta ley de 2021 con la presentación de la ponencia por parte de Sáez Valcárcel, que pide respaldarla íntegramente, según explicaron a EFE fuentes del tribunal de garantías.
En la reunión se escuchó “la amplia exposición” del ponente, pero no comenzó la deliberación, por lo que será en un próximo pleno cuando el resto de magistrados se posicionen.
Según las mismas fuentes, la intención es resolverlo ya en la siguiente reunión, una vez que la ponencia pase a estudio para que cada magistrado pueda presentar su punto de vista en el pleno.
La eutanasia puede solicitarla las personas que sufran “una enfermedad grave e incurable” o un “padecimiento grave, crónico e imposibilitante” que afecte a la autonomía y que genere un “sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable”.
El paciente podrá recibir la eutanasia unas cinco semanas después de solicitarla, tras ser informado de las distintas alternativas y de los cuidados paliativos disponibles y después de confirmar su voluntad de morir al menos en cuatro ocasiones a lo largo de todo el proceso. Además, el paciente puede desistir en cualquier momento.
Una comisión de garantía y evaluación, compuesta por personal médico, de enfermería y juristas, supervisa cada caso y es responsable en última instancia de autorizarlo. Los profesionales sanitarios pueden acogerse a la objeción de conciencia.
España fue el séptimo país del mundo en despenalizar la eutanasia y regularla por una ley apoyada en el Parlamento por la mayoría de izquierdas, entre otras fuerzas políticas.
El opositor Vox impugnó la norma por considerar que infringe el derecho a la vida al manifestar que se trata de un principio fundamental que el Estado debe proteger, como lo es también su deber de ofrecer cuidados paliativos a los que sufren a causa de la enfermedad.
El Partido Popular (conservadores, en la oposición) también recurrió la ley porque estima que vulnera el derecho a la vida y genera indefensión jurídica porque no dispone de un régimen jurídico que garantice que la decisión ha sido tomada libremente y con plena comprensión.
EFE