La Fiscalía de Ecuador criticó este sábado la demora en la entrega del informe sobre un caso de supuesta extorsión que implicó a 13 personas, 12 de ellas venezolanas, liberadas por un juez de Quito, e hizo un llamamiento para que cada institución asuma el cumplimiento de sus competencias.
La polémica surgió luego que la Policía criticara el viernes al juez de la causa por emitir medidas cautelares distintas a las de la prisión preventiva contra los sospechosos, detenidos en una operación por supuesta extorsión a un comerciante.
La Fiscalía, en un comunicado, explicó que el fiscal a cargo “no pudo sustanciar adecuadamente su solicitud de prisión preventiva contra los aprehendidos”, ante la demora en la entrega del parte policial que llegó apenas 20 minutos antes que se cumpliera el plazo de “flagrancia” del delito.
El fiscal del caso, precisó el Ministerio Público, no pudo sustentar el requerimiento de la prisión preventiva de los sospechosos “debido a que no contaba con los elementos de convicción suficientes” para solicitar al juez tal medida.
Ante ello, la Fiscalía General del Estado hizo “un llamado para que cada institución se haga responsable de cumplir las competencias que le corresponden de forma efectiva y célere, siempre con el objetivo de obtener justicia y no permitir la impunidad”.
El viernes, la Policía en un comunicado había lamentado de que el juez de la causa dejara en libertad a los implicados y a varios les impusiera un régimen de comparecencia periódica y la prohibición de salir del país, en lugar de la prisión con fines de investigación.
La institución del orden aseguró que las detenciones se realizaron tras la denuncia de la presunta víctima de extorsión, un comerciante al que presuntamente los sospechosos amenazaban por una suma de 25.000 dólares.
Entre los venezolanos aprehendidos en una serie de cuatro allanamientos realizados en Quito había siete hombres y cinco mujeres venezolanos, además de un hombre de nacionalidad ecuatoriana.
También fueron decomisadas 4 armas, 6 teléfonos celulares, 120 balas, varias tarjetas de crédito y se ubicó un vehículo que había sido reportado como robado, según la Policía.
La crítica de la entidad del orden al juez fue replicada por el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Wilman Terán, que dirige el organismo encargado de vigilar a los operadores de justicia.
En un mensaje en redes sociales, Terán explicó que en este caso la Fiscalía no había presentado los elementos suficientes para que se dictara la prisión preventiva contra los sospechosos y que incluso se habían detectado algunos “visos de violación a los procedimientos”.
Asimismo, dijo que en la aplicación de la normativa a algunos de los detenidos era improcedente aplicar la figura de la prisión preventiva y que por ello el juez había solicitado que se “investigue a los responsables de estos procedimientos” no adecuados.
Por eso, el presidente de la Judicatura pidió a los agentes que “efectúen su trabajo de forma profesional, responsable y eficiente”.
Además, Terán dijo que el Consejo de la Judicatura “se suma a la lucha contra la delincuencia”, pero que, así mismo, se ampara en la aplicación del “debido proceso para que se proteja el derecho de las víctimas”.
EFE