Los abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia católica, especialmente casos en donde las víctimas eran menores de edad, comenzaron a explotar públicamente cuando Juan Pablo II aún vivía. No sólo eso, sino que salieron a la luz los esquemas y manipulaciones para encubrirlos.
Martina Putruele // INFOBAE
La Iglesia Católica se ha visto sacudida por incontables escándalos de abuso sexual infantil en las últimas tres décadas. Una investigación independiente publicada en octubre del 2021 reveló que hubo unas 216.000 víctimas de abuso sexual, en casos cometidos por el clero de Francia entre 1950 y 2020. En Australia, una investigación de alto nivel sobre el abuso sexual infantil institucional encontró en el 2017 que 4.444 presuntos incidentes de abuso habían sido denunciados a las autoridades de la Iglesia. En casi ninguna ocasión fueron investigados.
Un estudio de la Conferencia Episcopal Alemana en 2018 encontró que 1.670 clérigos habían cometido algún tipo de ataque sexual contra 3.677 menores entre 1946 y 2014. Se aclaró que era muy probable que este número fuera sólo la punta del iceberg, y que los casos reales seguramente fueran muchísimos más. En Estados Unidos, en una de las investigaciones quizás más conocidas, el diario The Boston Globe reveló la escala masiva de abuso sexual de niños en la diócesis de Boston y el posterior encubrimiento.
Llegó un punto en el que la acumulación de testimonios y la indignación global hicieron que el Vaticano ya no pudiera mirar para otro lado. La intensa cobertura mediática de los sacerdotes pedófilos llevó a un necesario mayor escrutinio de las prácticas de la Iglesia.
Benedicto XVI impulsó cambios revolucionarios en la ley de la iglesia para facilitar la expulsión de sacerdotes depredadores, y despidió a cientos de ellos, además de ser el primer pontífice en reunirse con sobrevivientes de abuso. A pesar de estos avances, muchas de las víctimas creen que se quedó corto. “Desde nuestro punto de vista, el Papa Benedicto XVI se lleva décadas de los secretos más oscuros de la iglesia a su tumba con él”, dijo a Associated Press SNAP, el principal grupo de sobrevivientes de abusos del clero con sede en Estados Unidos.
Por eso, luego de su renuncia, a quien le tocó levantar el guante fue a Francisco. El mayor traspié en su lucha contra los abusos dentro de la Iglesia fue cuando nombró a Juan Barros como obispo de la diócesis chilena de Osorno en 2015, pese a que había sido compañero del sacerdote pedófilo más conocido de la nación sudamericana -Fernando Karadima- y de haber sido señalado por las víctimas, que dijeron que fue testigo de lo que ocurría e ignoró los abusos.
Francisco defendió a Barros durante su viaje en enero del 2018 a Chile: “El día que me traigan pruebas contra el obispo Barros, hablaré. No hay ni una sola prueba en su contra. Todo es calumnia. ¿Está claro?”.
La indignación en Chile y en el exterior creció. Al regresar al Vaticano, Francisco ordenó una investigación que determinó que había sido mal informado sobre el caso. Se disculpó con las víctimas y admitió “graves errores” luego de leer un informe de 2.300 páginas sobre los abusos en Chile. El 11 de junio de 2018 Barros debió renunciar al obispado.
En febrero del 2019, Francisco convocó una cumbre de líderes de la Iglesia que terminó con un llamado “a una batalla total contra el abuso de menores” e insistió en que la institución necesitaba proteger a los niños “de lobos rapaces”. Semanas después de esa reunión, emitió una nueva ley canónica, que exigía por primera vez que los funcionarios de la Iglesia informen los cargos de abuso a los fiscales del Vaticano. Luego, Francisco emitió una regla que exigía que todos los funcionarios informen a sus superiores sobre las acusaciones de abuso o los intentos de encubrirlas.
En diciembre del 2019, el Vaticano dijo que aboliría el alto nivel de secreto que ha aplicado a las acusaciones de abuso sexual contra clérigos, lo que puso fin a una política que había protegido a los sacerdotes del castigo penal: al quitarse ese manto de confidencialidad, la Iglesia Católica Romana hizo aceptable -aunque no obligatorio- entregar información sobre denuncias de abuso a la Justicia.
Estas restricciones habían profundizado aún más la problemática durante décadas de abuso y disuadían a las víctimas de denunciar, además de facilitar el encubrimiento. Pero el Vaticano había argumentado previamente que la imposición del secreto pontificio era necesaria para proteger tanto a la víctima como al acusado.
En junio del 2021, un equipo de relatores especiales de la ONU para la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) criticó fuertemente al Vaticano y lo acusó de obstruir y no cooperar con las procedimientos legales de casos de abuso sexual de niños en las instituciones católicas. También dijeron estar preocupados por las medidas adoptadas por la Iglesia para “proteger a los presuntos abusadores, ocultar crímenes, obstruir la rendición de cuentas de los presuntos abusadores y evadir las indemnizaciones correspondientes a las víctimas”.
Ese mismo mes, el papa Francisco actualizó el código penal de la Iglesia Católica, el Código de Derecho Canónico. El cambio fue noticia en todo el mundo: agregó directivas para castigar los delitos de abuso sexual de menores por parte de sacerdotes. Esta reforma había sido buscada durante años por víctimas y activistas contra la pedofilia.
La revisión de las sanciones penales se produjo después de repetidas quejas de víctimas de abuso sexual y otros que señalaban que la redacción anterior del código era obsoleta y poco transparente. El nuevo código no detalla explícitamente los delitos sexuales contra menores, pero se refiere a los delitos contra el sexto mandamiento, que prohíbe el adulterio. Dice que un sacerdote será destituido de su oficio y castigado “con otras penas justas” si comete tales delitos con un menor. Igualmente será castigado el sacerdote que indujere o indujere a un menor a “exponerse pornográficamente o a participar en exhibiciones pornográficas”.
“El nuevo texto introduce diversas modificaciones a la normativa vigente y sanciona algunos nuevos tipos penales, que responden a la necesidad cada vez más extendida en las distintas comunidades de ver restablecida la justicia y el orden que el delito ha hecho añicos”, escribió Francisco. Los cambios entraron en vigor en diciembre del 2021.
Francisco fue elegido Papa hace una década especialmente por su voluntad de reformar la burocracia vaticana. Desde su nombramiento, se reúne periódicamente con un gabinete de cardenales asesores que lo ayudan a redactar estos cambios para ponerlos en marcha, como el Praedicate Evanglium, que otorga un nuevo peso institucional a los esfuerzos para combatir el abuso sexual en la Iglesia.
El documento fue publicado en marzo del 2022, durante el noveno aniversario de su papado. A fines de enero, acercándose ya su décimo año como pontífice, Francisco reconoció durante una entrevista con AP que la Iglesia Católica aún tiene un largo camino por recorrer para enfrentar el problema. Dijo sobre su enfoque en los casos de abusos de menores: “No hay riendas sueltas con menores, las riendas se aprietan bastante”.