La Academia Nacional de Ciencias Económicas (Ance), expresó su preocupación este lunes ante el crítico nivel de ingresos de los venezolanos a lo largo y ancho del país, que constantemente exigen remuneraciones y beneficios socio-económicos dignos, así como la prestación eficiente de los servicios públicos.
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A través de un comunicado, señalaron que es preocupante “el deterioro del poder de compra de aquellos que dependen de sueldos y salarios y/o de rentas fijas ante el alza incontrolada de los precios. Ello es particularmente grave para los empleados el sector público, los pensionados y jubilados y aquellos que dependen de un salario mínimo; todos receptores de ingresos que hoy se encuentran en la parte inferior de la escala de remuneraciones”.
Asimismo, mencionaron que “los ingresos externos son precarios y su efecto es agravado por el ahogo del crédito internacional.
Además, es claro el agotamiento de las reservas internacionales reportadas por el BCV, a lo cual se suma la ausencia total de información en torno a los activos externos del Bandes y Fonden, instituciones que tradicionalmente mantenían importantes sumas de activos en el exterior”.
La Ance alertó también que, “a menos que se optimice la dimensión del Estado en función del disminuido tamaño de la economía, se impulse la eficiencia en la gestión de sus recursos, se combata la corrupción y se recupere la credibilidad en la política económica y las instituciones responsables de su definición y gestión, será muy difícil recuperar la confianza en la economía, incentivar la inversión privada y la generación de puestos de trabajos bien remunerados. Ella es la vía para romper con la práctica de aumentos salariales por decreto, financiados con improvisados impuestos regresivos o la emisión monetaria sin respaldo productivo, que perpetúan las presiones inflacionarias, y no se reflejan en una mejora del poder de compra de los trabajadores”.
La Academia insistió en la necesidad de un “cambio fundamental en la orientación de las dinámicas económicas, basada en la restitución del Estado de derecho, lo que implica la redención de los derechos civiles y económicos contemplados en nuestro ordenamiento constitucional, así como la transparencia y rendición de cuentas del uso de los recursos públicos, de manera de restablecer la confianza requerida para promover la inversión e incentivar la actividad productiva”.
A continuación, el pronunciamiento de la Academina Nacional de Ciencias Económicas
