No es la primera vez que las ONG en Venezuela son hostigadas por el régimen de Nicolás Maduro. Hace dos años, en un informe elaborado por la Organización Mundial para la Tortura, el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic) y la Vicaría de Caracas para los Derechos Humanos, se registró un incremento de 157% de los ataques a las organizaciones defensoras de DDHH, entre 2019 y 2020.
La crisis humanitaria compleja, que aún se padece en el país, ha convertido a las ONG en la tabla de salvación de muchos venezolanos. Ese rol de socorrer coyunturalmente a quienes más sufren por hambre, falta de medicinas o atención médica, que debería corresponder al Estado, lo están asumiendo las organizaciones no gubernamentales.
Instituciones religiosas como la Iglesia Católica y algunas evangélicas también manejan proyectos que buscan mitigar la desnutrición en los más vulnerables, como niños, mujeres embarazadas y abuelitos, o contribuyen en la educación de aquellos que han quedado excluidos del sistema escolar.
Desde ONG que atienden a pacientes con VIH como Azul Positivo, hasta aquellas dedicadas a promover comedores populares como Alimenta la Solidaridad, han sido criminalizadas, estigmatizadas y perseguidas.
En enero de este año, Amnistía Internacional, tras la aprobación en primera discusión del Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamientos de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines en la Asamblea Nacional ilegítima, alertó sobre la intencionalidad de limitar y “potencialmente criminalizar y cerrar las ONG que operan en Venezuela”.
Diosdado con sus amenazas quiere emular a la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua, que el año pasado prohibió las actividades de más de 3.000 organizaciones ciudadanas, incluyendo universidades, una atrocidad propia de sistemas autoritarios.
¿Cuál es el terror de los personeros del régimen ante la actuación de las ONG? Quizás lo que más temen es que estas han documentado y revelado las graves violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad ante organismos como la Corte Penal Internacional.
Aunque algunos quisiéramos ver, más pronto que tarde, que la justicia se imponga en toda la cadena de mando de quienes han violado los derechos humanos de tantos venezolanos, sabemos que este es un camino largo, espinoso, tortuoso, y es allí donde la perseverancia de las ONG adquiere un valor primordial para que no reine la impunidad.