Angélica Bermúdez, una madre tachirense de dos menores de edad, suplica a las autoridades que no se le continúe vulnerando sus derechos. Pide que actúen para que un supuesto invasor que ocupa su vivienda, ubicada en San Antonio del Táchira, se la devuelva, pues ya no cuenta con recursos para seguir pagando alquiler en San Cristóbal y no tiene adónde vivir con sus hijos de 12 y 17 años.
Corresponsalía lapatilla.com
Explicó que en febrero de 2011, cuando el padre de sus hijos padecía cáncer terminal, debido a los gastos que representó la enfermedad y a que estaba en estado de gestación con su otro hijo muy pequeño, decidió solicitar a la inmobiliaria que había alquilado la propiedad a un abogado, que no renovara el contrato para ella mudarse a esta vivienda.
Desde enero de 2011, un mes antes de vencerse el contrato, la inmobiliaria pidió al que hasta ese momento era inquilino, que entregara la vivienda. Sin embargo, el hombre, al parecer afecto al chavismo, apeló y pidió una prórroga de tres meses, tiempo que se le concedió, porque el gobierno en ese momento lo permitía.
Luego cuando comienza la crisis económica en el país, la inmobiliaria cerró y se desentendió del caso, por lo que a Ángelica le tocó empezar a reclamar su vivienda directamente al supuesto invasor, quien en varias ocasiones, según relata la afectada, la llamó “estafadora y ladrona”. Además, la amenazó con que recibiría una “sorpresa”.
La mujer exige justicia para ejecutar una sentencia de orden judicial. “¿Cómo quedan las sentencias de un tribunal? Tengo años esperando repuesta de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi), se me está violando un derecho constitucional que fue reconocido por un tribunal y también nos violentan los derechos humanos a mí y mis hijos, que nos hemos quedado sin techo teniendo una propiedad”.
Señaló que en la Sunavi “citaron al señor, donde declaró que estaba esperando por una vivienda de autoconstrucción. Dijo ´no tengo vivienda, tengo un terreno donde iba a construir´”, acto que quedó registrado en un documento que conserva la afectada.
Acotó que el caso pasó a la vía administrativa, por lo que volvió a los tribunales del municipio Bolívar, donde “el 26 de septiembre de 2016 dieron la sentencia firme del desalojo. Se suponía que Sunavi debía darle un refugio, pero ahora está cerrada la parte administrativa, Sunavi no funciona”.
También acudió a la Defensoría del Pueblo, incluso, al Colegio de Abogados de Táchira, pues el supuesto invasor es abogado, y la última jueza donde colocaron el Tribunal Primero en San Antonio, solo le dio como solución que ordenaba el desalojo, “si recibía una orden de la Jueza Rectora”.
Asegura estar desesperada, agotó todos los canales regulares y no ha tenido respuesta de los organismos. En dos ocasiones fue con funcionarios de Protección Civil y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) a pedir una inspección de la propiedad, y el hombre se negó a abrir la puerta. En respuesta desde una ventana solo gritaba malas palabras.
Actualmente, su caso lo lleva la Fiscalía 24. Pide a Tarek William Saab y al gobernador chavista Freddy Bernal, que actúen, pues debe entregar la vivienda donde se encuentra alquilada, porque no tiene recursos para seguir pagando alquiler.