Entrevista a Rocío San Miguel, presidente de Control Ciudadano para la Seguridad, la Defensa y la Fuerza Armada Nacional
1.- ¿Qué alcance tiene la decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que despenaliza las relaciones homosexuales en la FANB, a lo interno de la institución?
Es positivo, en términos de la plena vigencia de los derechos humanos de efectivos militares.
Sin embargo, no creo tenga un impacto visible e inmediato a lo interno de la institución, a pesar de que tiene efecto retroactivo.
2.- ¿Podrían reingresar a la FANB quienes hayan sido expulsados de la institución por mantener relaciones homosexuales?
Se ha sabido, en el pasado, de casos de la aplicación de medidas disciplinarias y de la expulsión de efectivos militares de la institución, por mantener relaciones homosexuales, aplicándose la interpretación del único aparte del artículo 565 del Código Orgánico de Justicia Militar.
Sin embargo, a partir de esta decisión del TSJ, los casos que se hayan dado, deben revisarse, incluso de oficio, y debería además darse una indemnización a los afectados y proceder, de ser posible, al reingreso inmediato a la institución.
3.- ¿Considera que habrá apertura en la FANB a partir de esta decisión?
Creo veladamente se seguirá condenando a los homosexuales en la institución, lamentablemente.
Con esta sentencia no vamos a ver a ningún militar reconociendo que es gay o lesbiana. Por lo menos en el corto plazo en Venezuela.
En mi opinión esta decisión no tiene que ver con un reconocimiento a la población LGTBIQ, a la que el Tribunal Supremo de Justicia siempre le ha dado la espalda. Debemos recordar, en ese sentido, que la demanda de nulidad del artículo 565 del COJM, ya había sido interpuesta en 2016 por la ONG “Venezuela Igualitaria”, junto a otras organizaciones y siempre permaneció engavetada en el TSJ.
Esta decisión del TSJ, claramente da respuesta a una petición expresa qué hizo el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk en su reciente visita en Caracas. Por lo que independientemente de las razones, es positivo este paso, en términos de la plena vigencia de los DDHH, de efectivos militares en Venezuela. /Nota de Prensa