En un intento de “lavarse la cara”, el régimen de Nicolás Maduro comenzó un procedimiento para detener a alcaldes, jueces y militares chavistas que están involucrados en hechos de corrupción y malversación de fondos.
Por lapatilla.com
El viernes 17 de marzo a través de un comunicado, La Policía Nacional Anticorrupción de Maduro le solicitó al Ministerio Público, un encauzamiento judicial a una serie de “individuos vinculados al poder judicial, Pdvsa y alcaldías”.
Apuntaron que los funcionarios “violaron el sagrado juramento de honestidad, moral y ética”.
”Tenemos la instrucción expresa de que esta investigación se lleve hasta las últimas consecuencias y no nos detendremos en el sagrado deber de enfrentar el flagelo de la corrupción y castigar de manera ejemplar a quienes incurran en estos actos criminales”, agregaron en la misiva.
Uno de los primeros detenidos fue Joselit Ramírez, quien además de dirgir la Superintendencia Nacional de Criptoactivos era el director del despacho de Tareck El Aissami, el ministro de Petróleos de la dictadura y por el que el Departamento de Estado de Estados Unidos, ofreció el lunes 17 de marzo una recompensa de cinco millones de dólares para dar con su paradero.
Además, dos importantes jueces fueron arrestados: el presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret y el juez Cuarto de Control con competencia en delitos asociados al terrorismo, José Mascimino Márquez García.
Cornieles Perret, fue juramentado el 29 de octubre de 2022 como juez de la Corte de Apelaciones y presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, por la magistrada Gladys Gutiérrez, mientras que Márquez García, ha sido uno de los principales responsable de la persecución política durante los últimos años en el país.
Asimismo, dos militares vinculados a Petróleos de Venezuela (PDVSA) fueron arrestados: el coronel Antonio Pérez Suárez y el teniente coronel José Agustín Ramos Chirinos.
Otro de los detenidos por el régimen de Maduro, fue el alcalde chavista de Las Tejerías en el estado Aragua, Pedro Hernández, por estar ligado a bandas criminales y permitir que líderes como “El Koki”, se refugiaran en la zona montañosa al amparo de bandas locales como la de “El Conejo”.
El abogado Jorwis Bracho Gómez de 41 años, también fue puesto en la lista de corruptos arrestados por el régimen. Bracho, quién se desempeñaba como juez Primero de Control del estado Falcón se convirtió en el tercer funcionario del poder judicial detenido.
