Esta semana, Thomas Friedman, agudo columnista del New York Times, hacía el paralelo de dos mandatarios obligados a aferrarse al poder para no caer en manos de la justicia ordinaria: Vladimir Putin y Benjamín Netanyahu. Sin considerar las causas por crímenes de lesa humanidad que ahora indician al primero, sobre ambos pesan pruebas de delitos de corrupción en el ejercicio de sus funciones.
Putin se las ha arreglado desde 1999, para ser presidente y primer ministro, alternándose en el poder con un ordenanza suyo, Dimitri Medvedev y, más recientemente, recurre a una guerra de conquista que lo eternice como líder indispensable de la patria rusa. Las evidencias de su extravagante riqueza, acumulada con el sueldo de 140 mil dólares al año, incluyen propiedades suntuosas en el mar Negro, Mónaco, la Riviera Francesa, y un yate de 100 millones de dólares.
Bibi, como se le llama popularmente al primer ministro israelí, enfrenta juicio por múltiples delitos de cohecho. Se ha propuesto prácticamente liquidar la autoridad de la corte suprema de justicia, que conoce de su proceso judicial, y trasladar sus potestades al congreso, la Knesset, controlada por él y sus partidos aliados. Es posible porque Israel no tiene constitución nacional.
Ambos personajes nos recuerdan un caso parecido, más cercano geográficamente, el de la vice presidente argentina Cristina Kirchner. Ésta, apoyada por el presidente de la república, pretende el enjuiciamiento del presidente y miembros de la Corte Suprema de Justicia por haberla declarado reo de delitos de corrupción y sentenciarla a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Su afán es invalidar dicha sentencia antes de perder la inmunidad a fines de este 2023.
La brevedad que rige esta columna no deja espacio para escribir sobre otro conocido sujeto, quien urdirá lo inimaginable para impedir que unas elecciones justas lo arrojen del poder y tener que vérselas con la justicia internacional.