Los montos involucrados en la trama de corrupción develada recientemente en Venezuela por autoridades policiales y judiciales, suman hasta 23.000 millones de dólares en diferentes hechos irregulares, así lo indicó el funcionario oficialista del PSUV, Hermann Escarrá, quien no ofreció detalles de los casos, así lo reseñó TALCUAL.
En declaraciones ofrecidas este martes 21 de marzo desde la sede de la AN, Escarrá señaló que se esperan nuevos procesos judiciales y allanamientos en varios estados del país.
«Las informaciones que se tiene en relación a varios estados, entre ellos Aragua y en Caracas, donde se van a producir algunos allanamientos y, esto va a alcanzar a una cantidad mucho mayor, porque se trata de mafias y de redes que venían trabajando altos niveles de corrupción», dijo al canal de propaganda chavista VTV.
La Policía Nacional Anticorrupción del régimen chavista ejecuta desde el pasado viernes 17 una serie de detenciones a altos funcionarios de la dictadura de Nicolás Maduro, involucrados en hechos de corrupción por la supuesta desaparición de $3.000 millones provenientes de la venta de crudo de Petróleos de Venezuela, utilizando para ello el sistema de las criptomonedas.
«No estamos hablando de poca cosa, 3 mil millones de dólares por un lado, 8 mil millones por el otro, 12 mil millones, son cuestiones extremadamente graves que le hacen daño al pueblo, pero también a las instituciones democráticas, al Estado de derecho y a las empresa del Estado como Pdvsa», afirmó Escarrá.
Entre los detenidos hasta la fecha destacan Joselit Ramírez, superintendente Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip); Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa y, al diputado del PSUV Hugbel Roa, a quien se le allanó la inmunidad parlamentaria en la plenaria de este martes.
Sobre este tema, una información de Reuters también señaló que Pdvsa ha tenido problemas para cobrar sus ventas y que sus compradores le deben $21.200 millones, según indican facturas que no han sido pagadas. Los documentos vistos por la agencia, esta deuda milmillonaria habría sido contraída por un grupo de intermediarios a los que tuvo que recurrir la petrolera estatal para poder movilizar el crudo en el contexto de sanciones financieras aplicadas por Estados Unidos.
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