Recientemente una corte de Delawere, en Estados Unidos, con ponencia del juez Stark, autorizó a cuatro acreedores de la República Bolivariana de Venezuela a cobrar a Citgo US$ 2.500 millones en deudas, utilizando para esa autorización la figura del alter ego y cuya ejecución va a depender de las autorizaciones de la Oficina de Control de Activos Externos (OFAC) del gobierno de EEUU. Al considerar todas las acreencias, el embargo a Citgo sería por US$ 7.500 millones.
Debido a que fui parte del debate en la Asamblea Nacional en septiembre de 2016, cuando este cuerpo negó la aprobación de ese bono, considero conveniente clarificar algunos elementos de ese debate. En 2010 Pdvsa emitió un bono por US$3.000 millones con un cupón de 8,5%, el más oneroso colocado por cualquier empresa petrolera en el mundo. Ese bono serviría para financiar los proyectos de inversión de Pdvsa, cuestión que no ocurrió porque, contrariamente, la producción de hidrocarburos disminuyó. Cerca del vencimiento del bono en 2017, el gobierno se presenta a la Asamblea Nacional a través de su fracción parlamentaria dirigida ese año por Héctor Rodríguez, acompañado por Hugbel Roa y Asdrúbal Chávez, buscamos a poyo parlamentario de la fracción de la Unidad Democrática para su aprobación.
Ese bono Pdvsa 2020 se emitiría para levantar fondos para pagar el bono Pdvsa a vencerse en 2017 y para lo cual no había plata en la caja de Pdvsa por su calamitosa situación financiera, lo que obligó a lanzar al mercado un bono en condiciones leoninas para el país: US$ 3.000 millones a 8,5%, poniendo en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo y el 49,9% restante otorgado a Rosneft a cambio de un préstamo por US$ 1.500 millones.
Aunque según la ley Orgánica de Administración Financiera, Pdvsa no estaba obligada a recurrir a la Asamblea Nacional para autorizar el endeudamiento, el artículo 150 de la Constitución exigía que lo hiciera por tratarse de un contrato de interés nacional. Recuerdo perfectamente que las autoridades del parlamento me comisionaron para hablar con el PSUV a través de los diputados Rodríguez, Roa y Chávez a quienes les expliqué que ese bono no se aprobaría porque violaba la Constitución. Evidentemente, desesperados por el déficit de caja, terminaron emitiendo el bono. En el debate de la Asamblea Nacional, me correspondió abrir la discusión señalando que ello era un acto ilegal y por tanto oficiamos al órgano competente para que investigara y determinara su legalidad y eso hicimos al recurrir al Ministerio Público.
Transcurridos siete años de aquel evento, hoy me siento tranquilo conmigo mismo porque me opuse a la aprobación de aquel endeudamiento de una Pdvsa agonizante, corrompida, mal manejada, que paradójicamente mientras mayores eran los precios del petróleo en esa misma medida caía su producción y aumentaba su deuda. Los responsables últimos de toda esta trama son Hugo Chávez por haber propiciado una política suicida de endeudamiento y Maduro por haberla continuado.