Debo confesar que no me sorprendí cuando Transparencia Internacional informó el 31 de enero de este año que Venezuela se mantenía como el país más corrupto de América, lo cual además ubicaba a nuestra nación como la cuarta más corrupta del mundo entre 180 países. Y no me sorprendí porque Venezuela desde 2017 ha sufrido un imparable descenso en el índice de percepción de la corrupción, por lo que el desfalco a Pdvsa que ha sacudido a la opinión pública nacional e internacional en fechas recientes, solo representa un eslabón más de una larga cadena de corruptela.
Cabe señalar que Transparencia Internacional solo considera la percepción de corrupción en la economía, la política y la administración. La valoración de cada país se basa en encuestas realizadas a expertos y gerentes. La organización en sus informes ha explicado que mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público en una escala de 0 (alto nivel de corrupción percibida) a 100 (bajo nivel).
Para darnos una idea de cómo los tentáculos de la metástasis han ganado espacio en nuestro país, hay que apuntar que según Transparencia Internacional en el extremo de la escala, es decir, de los países más corruptos, se situaron Venezuela (14 puntos), Haití (17) y Nicaragua (19). Y a nivel global Venezuela solo supera a Somalia (12 puntos), que es el más corrupto del mundo, Siria (13) y Sudán del Sur (13). En cambio, los países de América menos corruptos en 2022 fueron Canadá (74), Uruguay (74) y Estados Unidos (69). Mientras en el planeta Dinamarca obtuvo la mejor puntuación (90), seguida de Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87).
Como van las cosas, tampoco me extrañará en enero del año próximo que Venezuela ocupe el primer puesto mundial de corrupción, entre los 180 países que evalúa Transparencia Internacional.
Expertos de este organismo y otras personalidades vinculadas al tema han hecho consideraciones importantes de destacar para entender mejor las consecuencias que genera la corrupción en una nación.
En enero la presidenta de Transparencia Internacional, Delia Ferreira Rubio, indicó que “los gobiernos frágiles fallan en su labor de frenar las redes criminales, el conflicto social y la violencia y algunos exacerban las amenazas para los derechos humanos al concentrar el poder con el pretexto de responder a la inseguridad”. Esta apreciación encaja a la perfección con lo que ha sido y es el régimen dictatorial de Nicolás Maduro.
Por su parte, Patricia Moreira, Directora Gerente de Amnistía Internacional, considera que “para acabar con la corrupción y mejorar la calidad de vida de las personas, debemos atacar la relación entre la política y las finanzas”. Transparencia Internacional señala que la caída de Venezuela, donde existe un “quiebre democrático”, conlleva a un Estado fallido, de lo cual hemos hablado desde hace más de dos años y realizado estudios de investigación e informes.
No podemos dejar de lado lo que explicó en su momento Marwa Fatafta, experta de Transparencia Internacional para Medio Oriente y el norte de África. Ella dijo al medio DW en el año 2020 que “existe una clara conexión entre corrupción e inestabilidad” y de allí que los países que cierran el listado están sometidos a espirales de violencia, guerra y agitación social. En este sentido, Transparencia Internacional recomienda reforzar los controles entre los poderes del Estado, blindar los procesos electorales, limitar la influencia de la economía en la política, evitar las “puertas giratorias” y fomentar la participación ciudadana.
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El reciente escándalo de corrupción en la estatal petrolera Pdvsa, se resume fácil. Se trata de grupo de bandidos de la élite política de Maduro, cuyos integrantes forman parte del entorno del renunciante ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, quienes desfalcaron a Pdvsa por más de 23 mil millones de dólares. Pero eso no sería nada si lo comparamos con más de 500 mil millones de dólares que el régimen habría saqueado al erario público nacional en 23 años, como han estimado organizaciones nacionales e internacionales.
Las denuncias de casos de corrupción en Pdvsa tienen años, pero esta última es la que ha tenido mayor notoriedad, porque como ha dicho Juan Guaidó, ellos mismos confesaron el delito, aunque ahora quieren hacer creer a la opinión pública que son paladines en la lucha contra la corrupción. Lo cierto es que Maduro y El Aisami son los pincipales responsables de estos hechos de corrupción política y administrativa y lo que se pretende es lavarles la cara ante el pueblo.
Esto, sin embargo, va más allá. Hay que resaltar lo expuesto por el Responsable Nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, ante el senado de los Estados Unidos. Allí manifestó que “la crisis en Venezuela no es consecuencia de las sanciones. En 2019, antes de la imposición de las sanciones, la economía en Venezuela había colapsado en un 60% y más de 4 millones de venezolanos habían salido del país para ese entonces. Así que no fue por las sanciones fue por el manejo y la corrupción”. Y agregó que “creemos que las sanciones no pueden solo enfocarse en oficiales del gobierno, porque su estructura es sólo una fachada de la política económica real de la verdadera estructura del poder. Así que cuando hablamos de sanciones hay que dirigirlas a los facilitadores, los individuos, las compañías que están detrás de esta red de cleptocracia y corrupción que está dando apoyo a los dictadores”. Leopoldo se pronunció por la necesidad de “un pensamiento multilateral en como aplicar las sanciones, porque Maduro está vinculado a la Lukashensko, a Putin, a los mulás de Irán, así que hay una red de cleptocracia”.
Esto deben conocerlo los ciudadanos del país, porque es hora de que todos entiendan que hay que impedir que la metástasis de la corrupción termine de acabar con Venezuela. La cura comenzará a través de la elección primaria de la oposición del 22 de octubre, la que nos llevará a la presidencial 2024, donde sanará nuestra nación con el cambio político.
Dr. Rafael Veloz García, diputado a la Asamblea Nacional y al Parlasur electo en 2015; expresidente de la Federación Interamericana de Abogados (FIA); miembro de la dirección nacional de Voluntad Popular, VP.