La Organización de Estados Americanos define seguridad ciudadana “como la inexistencia de violencia y delito, salvaguardada por el Estado”. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo señala que “la seguridad ciudadana puede ser definida como la protección universal contra el delito violento o predatorio…la protección de ciertas opciones u oportunidades de todas las personas -su vida, su integridad, su patrimonio- contra un tipo específico de riesgo (el delito) que altera en forma súbita y dolorosa la vida cotidiana”.
La seguridad ciudadana es una cuestión de Estado, es una responsabilidad política y no policial. La decisión y el deber de otorgarla y sostenerla es de los gobernantes y políticos que deben organizar, sostener y proteger las fuerzas públicas encargadas de su cumplimiento. Se trata de una función del Estado que implica ejercicio de autoridad que incluye el uso de la fuerza o la violencia cuyo monopolio para la aplicación de la ley es del Estado. Es obligación del Estado brindar seguridad ciudadana por medio del gobierno, en el marco del sistema institucional fundado en “el respeto a los derechos humanos y las libertades individuales”, “el estado de derecho”, “la separación e independencia de los poderes públicos”, que son elementos esenciales de la democracia.
En los regímenes dictatoriales del socialismo del siglo XXI en las Américas, que son la expansión de la dictadura de Cuba en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, no hay seguridad ciudadana y la característica es la “inseguridad jurídica” y la “situación de indefensión” de las personas frente a la “impunidad de los delincuentes”. Es estas dictaduras se detenta el poder con “terrorismo de Estado” que es la “comisión de delitos desde el gobierno para generar miedo en la población y así lograr conductas de sometimiento”. En dictadura el crimen está detentando el poder y controlando la actividad criminal que incluye la condición de narcoestados en que han convertido los países que controlan.
Pero además, las dictaduras del socialismo siglo XXI o castrochavismo son productoras de miseria, han incrementado la pobreza y la desigualdad, han producido crisis humanitarias en Cuba y Venezuela y crisis económicas, políticas y sociales en Bolivia y Nicaragua, con la expulsión de millones de personas que a su vez han dado lugar a la crisis migratoria en toda la región. Millones han escapado y huyen de oprobio dictatorial con efectos en la economía, las sociedades, los sistemas de salud y educación y las seguridad de todos los países de las Américas.
El socialismo del siglo XXI también se ha expandido por medio de procesos electorales en los que sostiene candidatos, debilita el sistema democrático, asesina la reputación y anula líderes democráticos e inunda de dinero y fraude las elecciones. Así y sin lograr romper la democracia para imponer dictaduras, controlan los gobiernos de Brasil con Lula, de México con López Obrador, de Argentina con Kirchner/Fernández/Kirchner, de Chile con Boric, de Colombia con Petro, de Perú con Castillo y otros, desde donde respaldan y sostienen las dictaduras, protegen el narcotráfico con discurso de “legalización de las drogas”, apoyan la impunidad y más.
Es muy alto el precio por la creciente inseguridad, que los ciudadanos de México, Argentina, Chile, Colombia, Perú….tienen que pagar por la decisión de sus gobernantes de proteger el crimen organizado trasnacional denominado castrochavismo. Además de la presión migratoria generada por las dictaduras, soportan el crecimiento del narcotráfico incrementado por los narcoestados que son las mismas dictaduras, y a partir del narcotráfico se realizan y expanden toda la gama de delitos que destrozan la seguridad de las personas.
En los países con gobiernos democráticos hay importantes muestras de que la responsabilidad política con el cumplimiento de la ley funcionan, y Uruguay, El Salvador, Costa Rica…son escenarios diferentes pero de vigencia del estado de derecho. El problema de otros gobiernos democráticos radica en ser dominados por la narrativa de protección del crimen que desarrolla el castrochavismo y actuar en función del equívoco “políticamente correcto” que genera el resultado de mal gobierno por incumplimiento de sus obligaciones de brindar seguridad ciudadana.
*Abogado y Politólogo. Director de Interamerican Institute for Democracy