Quizás en este momento, la información que ha circulado por Venezuela a través de todos los medios posibles, es suficiente para que este capítulo de la vida cotidiana en los asuntos públicos del país haya concluido. Ahora le toca al Estado, es decir al poder central, llevar a otra etapa la distribución del dinero obtenido ilegalmente por unos cuantos (al menos); realmente corresponde redistribuirlo.
Esto coincide con tres características del ejercicio del poder en el país, la corrupción, el socialismo y el sometimiento. Uno de los principios máximos de orgullo del socialismo es la redistribución de la riqueza, pero primero se debe distribuir esa riqueza, y tal distribución está reñida con la eficiencia de un Estado, la pulcritud y honradez de sus procesos; dicho de otra forma, la distribución de la riqueza está atada a varias actividades, entre ellas la corrupción.
Este asunto se complica cuando una pequeña parte de la población, partidario o no del gobierno, se lanza a probar al azar e incursionar en los ámbitos de la corrupción a todo nivel. La tipificación de los hechos de corrupción en el código penal venezolano, no solo incluye la entrega de dinero, sino la influencia para actuar sin restricciones y favorecido por la estructura jerárquica.
La mayoría de la población consciente y decente está deseando un desenlace, que obviamente castigue con prisión a los culpables del robo a la nación, confisque sus bienes en todas partes y ponga fin a la corrupción en Venezuela. Eso va a ocurrir pero no en este momento.
Para darle crédito a los manipuladores y sus vicios de sometimiento, estas últimas escenas han sido apoteósicas en lo grotescas, repugnantes y descaradas. Sin embargo, su debilidad se proyecta insondable y se hace presente en sus actos, los cuales están cronometrados con la propaganda previa a situaciones electorales.
En ocasiones anteriores se ha comentado, que para un Estado redistribuir la riqueza, debe hacerlo a través del cumplimiento de sus funciones básicas y muy particularmente con servicios públicos de calidad, sobre los cuales puede aplicar una administración directa o una regulación sobre las empresas que prestan el servicio.
Lo contrario se traduce en una larga tragedia de errores y malas actuaciones de todos, cuando decisiones ejecutivas se funden con la ilegalidad sin que casi nadie haga reparos. Si en verdad estamos en una sociedad de contradicciones, es hora de tomar una posición definitiva en nuestra actitud para desalojar a la maldad y la corrupción, para instaurar la institucionalidad y la prosperidad en Venezuela.
@abrahamsequeda