Tras las protestas que se han registrado por casi una semana en las fronteras de Maicao y Cúcuta (Colombia) por parte de un grupo de transportistas colombianos que piden que les permitan circular libremente vehículos venezolanos de carga pesada por todo el territorio neogranadino, representantes del gremio de transporte de Venezuela solicitan a las autoridades colombianas que se continúe cumpliendo con los acuerdos binacionales en materia transporte de carga, ante las amenazas e incidentes que se han registrado en las últimas horas.
Luz Dary Depablos // Corresponsalía lapatilla.com
Representantes de estos gremios en Venezuela fijaron posición y pidieron “igualdad de condiciones para trabajar”, pues en los más de siete años que estuvieron paralizados por el cierre de frontera, no contaron con ingresos para cambiar su parque automotor. Aunque algunos pocos lograron comprar nuevos vehículos, la mayoría aún tiene camiones y gandolas que superan 15 y hasta 20 años de antigüedad.
Durante los años de cierre de frontera, gran parte de la flota venezolana fue comprada a bajos precios por transportistas colombianos, quienes pudieron pasarla por Paraguachón a territorio colombiano, donde circularon durante los últimos años como una medida de flexibilización, debido al cierre de los puentes internacionales entre Táchira y Norte de Santander.
Sin embargo, el 31 de diciembre 2022, autoridades de ambos países firmaron el “Plan Operativo de Reactivación Gradual del Transporte Internacional de Carga y Pasajeros por tierra entre Venezuela y Colombia”, el cual establece las condiciones para el paso de vehículos de carga pesada hacia ambas naciones.
Según este Plan Operativo en su ítem número 12 se menciona: “La carga deberá ser descargada y/o transbordada a los depósitos y /o almacenadoras habilitadas que se encuentran ubicadas en un rango no superior a veinte (20) kilómetros contados desde la frontera”.
Es decir, el transporte venezolano no podrá circular más de 20 kilómetros contados desde la línea fronteriza, y viceversa, con el transporte colombiano en Venezuela, motivo por el cual las autoridades colombianas han comenzado a restringir el tránsito de estas unidades, lo que ha llevado a ese grupo de conductores colombianos con flota venezolana a protestar durante los últimos días.
Tarek Bahsas, presidente de la Cámara de Transporte de Centro (Catracentro), manifestó no sentirse “en igualdad de condiciones para competir en la frontera”. Dijo, además, que “Paraguachón fue una de las zonas que estuvo en actividad permanentemente cuando hubo cierre de frontera y dieron la cara por el país. Sin embargo, tenemos que evolucionar”.
A su juicio, con la reapertura gradual se debe dar prioridad a la mayoría de transportistas venezolanos que estuvieron sin trabajo por más de siete años.
“La lucha realmente se tiene que hacer en mesas de trabajo entre autoridades de ambos países. He estado con las autoridades venezolanas desde antes de la reapertura, llegamos a un consenso de lograr pasar hasta un rango de 20 kilómetros de la zona fronteriza, no permitir el cabotaje en Colombia o en Venezuela. No se trata de nacionalidad, se trata de la forma y del tiempo que requerimos. Estamos en desventaja (con Colombia)”, puntualizó.
Igualmente, acotó que buscan incrementar la carga. “Una vez que estemos en igualdad de condiciones, al igual que nuestros hermanos colombianos y brasileños, los tiempos cambiarán y tendremos que sentarnos a cambiar”.
Sin financiamiento
Destacó que la infraestructura de Paraguachón “no es la más indicada para hacer trasbordo, es muy precaria, solo cuenta con un montacargas”, por lo que espera los Estados logren consolidar una infraestructura en ambos lados de la frontera.
“Nuestra posición es que nos sentimos en desventaja. Actualmente, la gran mayoría de transporte venezolano, por la situación de nuestras unidades, capacidad de carga, financiamiento y flujo de caja, porque hay que recordar el financiamiento bancario, es muy difícil”, señaló el Presidente de Catracentro.
“Si pudiera llegar a Cali, a Bogotá, se requiere de muchísimo dinero, y si le pregunto a mis compañeros transportistas, la gran mayoría no tiene el dinero o la inversión suficiente para ir al otro lado. Pero si yo le pregunto a los hermanos colombianos o brasileños si de verdad tienen el dinero financiamiento bancario, seguramente sí lo tienen”, enfatizó.
Por otra parte, Albaro Rodríguez Paz, presidente de la Cámara de Transporte Social del estado Táchira, indicó que “hay desconocimiento de las autoridades del lado colombiano, por solicitar a los transportistas venezolanos la Póliza Andina, a pesar de que en el acuerdo firmado hace pocos meses como parte de la reapertura gradual por esta frontera, se menciona que solo se requiere una sola póliza”.
Explicó que la Póliza Andina Internacional es la que establece la norma de transporte internacional cuando se pertenecía a la Comunidad Andina de Naciones (CAN), por lo que considera que deben pagar la Póliza de Responsabilidad Civil Internacional.
Cada póliza tiene un costo aproximado de 600 dólares. Si ambas cubren lo mismo, señala que no tiene sentido pagar doble, por lo que esperan que las autoridades del hermano país corrijan este incidente, que estaría ocasionando demoras y pérdida de dinero a los transportistas venezolanos.
También mencionó que la vigencia del Certificado de Idoneidad es el que los acredita como transporte internacional, los otorga el Ministerio de Transporte por un año y no se estaría cumpliendo.
“Pongo como ejemplo un transporte que se le dio en el mes de octubre con vigencia de 2023 y en Colombia salió con vigencia hasta julio de 2023. Esto nos trae a nosotros como transportistas, una demora, un acarreo de ciertos costos, que nos encarece, y este es uno de los motivos por los cuales no hay suficientes carros habilitados en Venezuela, porque es una tasa onerosa. Un vehículo paga 3.32 petros, que son unos 200 dólares, que es oneroso. Una gandola con un chute y batea paga 400 dólares. Si ahorita se hace una habilitación, el vencimiento es en julio de 2023”. Es decir, la habilitación no se está permitiendo por los 12 meses.
Por tanto, exhortó a los transportistas colombianos que han estado en protesta en los últimos días a “cesar el hostigamiento”. Pide que les permitan estabilizarse para poder competir de manera progresiva.
Expresó que la mayor dificultad que han enfrentado los transportistas venezolanos ha sido la habilitación de sus vehículos y el manejo de la carga, por lo que están dispuestos a trabajar de manera progresiva.
Flota de unidades viejas
Mientras del lado colombiano han actualizado gran parte de su flota en los últimos años, “en Venezuela hay unidades de carga de carbón que pesan 23 toneladas que solo pueden cargar entre 28 y 30 toneladas, y en Colombia cuentan con unidades más modernas, que pueden pesar unas 14 toneladas, lo que les permite cargar hasta 40 toneladas, es decir, no podrían competir”, en caso de que el transporte colombiano ingresara a territorio venezolano.
Recordó que en el hermano país se cuenta con una política de “chatarrización”, donde se desincorpora del parque automotor aquellos vehículos que han cumplido su vida útil y les permiten financiamiento para actualizar su flota, situación que no ocurre en Venezuela, sumado a los más de siete años de paralización por cierre de pasos binacionales.
Cabe destacar que Leonardo Méndez, director regional de Federación Colombiana de Transportadores de Carga y su Logística (Colfecar), rechaza las protestas que se han presentado en los últimos días.
Asegura que “la reapertura de la frontera forma parte del Acuerdo de San Antonio”, por lo que gremios colombianos mantienen su posición en el respaldo a las firmas y convenios entre autoridades y representantes de ambos países para que el intercambio binacional continúe en ascenso.
Integrantes de gremios que participan en el intercambio comercial en ambos lados de la frontera, esperan que con la aprobación por parte del Senado de Colombia de la tercera discusión del Acuerdo Transporte Internacional de Carga y Pasajeros por Carretera, cesen las protestas que afectan el normal desenvolvimiento de las operaciones en las zonas aduaneras, donde la Policía Nacional Colombiana ha tenido que brindar seguridad al transporte venezolano para evitar incidentes como los ocurridos en la ciudad de Cúcuta cuando una unidad fue atacada en sus neumáticos.