“Cuando teníamos la menstruación, Paula y Yolanda nos decían que teníamos que tener relaciones sexuales con los hombres en ese estado, que debíamos taponarnos y ellas nos enseñaron a hacerlo”, contó a la Fiscalía y la Policía, una mujer que estuvo por casi un año secuestrada en tres casas de las ciudades chilenas de Osorno, Puerto Montt y Temuco.
Por Semana
“Nos taponamos con papel higiénico, con gasas y con elementos absorbentes y así teníamos las relaciones sexuales, eso nos generaba más dolor… Nosotras les decíamos que no era justo trabajar así y ellas nos decían que había una deuda que debíamos pagar”, relató la víctima que pudo escapar de esta red de trata de personas, liderada por una familia colombiana: abuela, madre, hijos y nietos.
La historia de secuestro y abusos sexuales arranca en barrios marginales de la ciudad de Manizales. Los delincuentes, oriundos de la misma ciudad, recorren las calles buscando víctimas, jóvenes entre 18 y 25 años de edad, con problemas económicos y dispuestas a sacrificarse por sus familias.
“Ella me dijo que le enviara unas fotos mías que ella decidía si servía para el trabajo o no. Después me llamó y me dijo que ya había hablado con su hermana Paula, que ella le había dicho que sí y me puso una cita en el barrio Cervantes. Allí estaba con un señor del taxi que era como un amigo y me llevaron a sacar el pasaporte”, explicó otra víctima.
En Chile, las mujeres reclutadas, casi tres por mes, eran recogidas en el aeropuerto y trasladadas a una casa donde la oferta de trabajo se convertía en pesadilla. Las hacinaban en cuartos que debían compartir para atender “clientes” hombres que buscaban satisfacer aberraciones sexuales.
“Algunas víctimas sufren tanto al punto de que quieren quitarse la vida. Llegaron, en medio de su inocencia y humildad, convencidas de que serían damas de compañía, eso les dijeron, que solo debían estar cerca de los clientes en visitas a eventos, pero metidas en la casa y amenazadas, no tenían otra alternativa”, reveló una fuente de la investigación.
Las víctimas eran obligadas a grabar videos, tomarse fotografías desnudas y en posiciones sexuales, supuestamente como apoyo de un catálogo virtual que la organización ofrecía en plataformas virtuales en Chile. Esas imágenes posteriormente se convertían en el soporte de extorsiones en caso de huir de la organización.
“Y que corríamos riesgo nosotras y nuestras familias en Colombia, también que mostraría las fotos y videos por la redes sociales a nuestras familias… Lo hicieron varias veces, incluso se las enviaron a la hija de… la niña descubrió que hacía la mamá en Chile, fue muy triste”, reveló una víctima a los investigadores de la Dijin.
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