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La Fiscalía acusó a Francisco Garduño de ejercicio ilícito del servicio público y omisión de obligaciones.
Por rt.com
Sin embargo, se demostró que desde el año pasado el comisionado estaba al tanto de las malas condiciones del centro migratorio, que no contaba con protocolos de emergencia contra incendios y donde las personas se encontraban sin ventilación y encerradas en una celda cuyas llaves no lograron localizarse durante el incendio.
En respuesta, la defensa de Garduño argumentó que las acusaciones no tenían fundamento, ya que la obligación de su cliente era únicamente estar pendiente del funcionamiento de las estaciones migratorias, y no estar de manera presencial en ellas. A su vez, el juez reconoció que, pese a que esas afirmaciones son ciertas, el titular del INM tendría que haber evitado la muerte de los migrantes porque contaba con la información necesaria sobre las condiciones y el funcionamiento del centro.
Con estos argumentos, Garduño finalmente fue vinculado al caso por ser autor material y actuar de manera dolosa. Durante la audiencia también se establecieron cuatro meses para la investigación complementaria y se ratificó la medida cautelar de firma periódica cada 15 días. El funcionario seguirá el juicio en libertad y en su cargo.
“El juicio no se termina, sigo en la condición de guardar silencio respecto al proceso. Seguiré trabajando en el Instituto Nacional de Migración mientras no se ordene lo contrario, estaré atento a las gestiones para la reparación integral del daño. La Comisión de Víctimas señaló el proceso que el Estado garantizará la reparación del daño”, declaró Garduño a los periodistas.
Por su parte, su abogado Rodolfo Pérez precisó que se espera llegar a un acuerdo económico con las víctimas para que el proceso no siga adelante. “Pagar lo que se tenga que pagar (porque) este es un delito que si se repara el daño… ya no sigue el juicio”, explicó, agregando que el dictamen judicial no fue una sorpresa. “Ya lo esperábamos”, indicó, señalando que se incurriría la decisión. “Lo importante era que estuviera en libertad, no lo cesaran del cargo”, concluyó.
¿Qué pasó?
El pasado 27 de marzo, 40 migrantes fallecieron en un incendio ocurrido en un centro de detención del INM en Ciudad Juárez, en la frontera con EE.UU., lo que se convirtió en una de las peores tragedias migratorias en la historia del país y desató una crisis política en el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La Fiscalía General de la República determinó el 12 de abril que procedería penalmente contra Garduño, y el funcionario del INM, Antonio ‘N’, quienes “incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes“.
El delito por el cual imputarán al titular del INM se sanciona con una pena de prisión de dos a siete años, según el artículo 214, fracción VI, del Código Penal Federal de México.