Ante la falta de respuesta por parte de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda (Sunavi) para la resolución de conflictos en materia de invasión e incumplimiento de pago de alquiler de inmuebles, los ciudadanos han recurrido a las redes sociales para solicitar atención ante otros organismos del Estado.
Por Adalberto Pérez / Corresponsalía lapatilla.com
Estos casos cada día son más comunes en las diferentes plataformas digitales, y muchos son protagonizados en principio por adultos mayores que han dejado de percibir de sus inquilinos la cancelación del alquiler, mientras que otros han sido víctimas de invasión de sus viviendas o locales comerciales.
Por esta razón, los propietarios de los inmuebles se han apegado a la campaña “El Ministerio Público protege al adulto mayor” para solicitar al fiscal general del régimen, Tarek William Saab, con el fin de conseguir una solución inmediata a su caso, ya que por el Sunavi podrían tardar hasta 10 años sin lograr su objetivo.
Tal es el caso de José Antonio Rojas, de 81 años, quien dedicó su vida a edificar la vivienda que hoy día está siendo habitada por personas “inescrupulosas” que abusaron de la confianza, invadieron su casa y se niegan a desalojarla.
Rojas es paciente hipertenso, y además padece de una hernia inguinal. Aseguró que acude al Ministerio Público, ya que ha agotado “muchas vías en diferentes organismos del Estado” y hasta el momento no ha obtenido el apoyo necesario.
“Soy una persona enferma, padezco de hipertensión y otras dolencias. ¿Cómo es posible que yo durante toda mi vida edificara esa casa junto con mi esposa y hoy día estas personas se valgan de mi incapacidad? Recurro a usted, fiscal general, para que me ayude y me devuelvan mi casa ubicada en la calle Araguaney del barrio Francisco de Miranda, en el municipio Linares Alcántara del estado Aragua”, dijo José Antonio a través de un video difundido en las redes sociales.
Asimismo, las hermanas Betty y Carmen Muñoz están siendo perjudicadas por sus arrendados que están alquilados desde hace 20 años en su vivienda, ubicada en la avenida principal del sector El Hipódromo, en Maracay, estado Aragua.
De acuerdo a las declaraciones de Carmen, en esta dirección funciona la Unidad Educativa Horizonte, que anteriormente pagaban el canon de unos 500 dólares, y desde hace unos 10 años solo cancelan la cantidad de un bolívar a través de un tribunal.
Betty acaba de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) y necesita los recursos económicos para cubrir sus gastos médicos, por lo que solicitan la intervención de Saab para ayudarlas a recuperar su propiedad.
“Le pido que nos ayuden a desalojar a estas personas de nuestra propiedad, ya que nos han perjudicado durante mucho tiempo. En este momento, mi hermana se encuentra enferma luego de sufrir un ACV y necesitamos cubrir los gastos médicos de tratamiento y terapias. Por favor, ayúdennos”, expresó Carmen Muñoz.
Sunavi sin respuestas
Al consultar con el abogado Derwin Acosta, aseguró que existe una confusión con respecto a los desalojos en Venezuela, pues lo que está prohibido es el desalojo arbitrario, tal como lo establece el decreto N° 8.190 de fecha 5 de mayo de 2011, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, publicado en la Gaceta Oficial Nº 39.668 de fecha 6 de mayo de 2011.
Señaló que esta ley es clara y está diseñada para proteger tanto a los propietarios como a los inquilinos, estableciendo allí los procedimientos a seguir para solicitar el desalojo de los arrendados ante la Sunavi.
Sin embargo, Marlene Rodríguez se dirigió a esta institución, cumplió con los pasos necesarios para la devolución de su casa y la respuesta de los funcionarios fue “páguele por mejoras o véndasela”.
“Mi tía Marlene Rodríguez le prestó su vivienda en la Urb. Palmeras II, ubicada en el municipio Santiago Mariño a su sobrina y el esposo, quien ahora se niega a entregar la propiedad. Fuimos a Sunavi y la repuesta fue páguele 2.800 dólares por mejoras o véndasela”, denunció la sobrina Vanessa Uzcategui.
Recomendaciones de un experto
En este sentido, el abogado Acosta alentó a los adultos mayores que estén ante una situación de indefensión por inquilinos insolventes que se niegan a cancelar un monto significativo que le permita al propietario vivir dignamente, a dirigirse a la sede del Ministerio Público, específicamente a la Unidad de Atención a la Víctima e interponer la denuncia en el marco del nuevo programa de protección al adulto mayor.
“Este programa no es solo en materia de arrendamiento, sino en todos los casos en el que los adultos mayores estén siendo víctimas, incluyendo estafas por parte de los mismos familiares. Es importante que el afectado asista con un acompañante, y que si tiene patología lleve su informe médico”, apuntó.
Atención a la víctima
Es importante destacar que los afectados pueden denunciar de manera inmediata cualquier hecho que esté “vulnerando sus derechos” a través de la línea telefónica dispuesta por el MP 0800-3ERAEDAD (0800-3723323).