Debido a unos trabajos de deforestación que se iniciaron hace unas tres semanas por órdenes de algunos directivos del Colegio de Abogados del estado Táchira, un grupo de agremiados exige una explicación ante el daño ecológico que se cometió en el parque infantil de esta sede.
Luz Dary Depablos // Corresponsalía lapatilla.com
El abogado Jesús Berro expresó que los agremiados de este colegio fueron sorprendidos al ver el daño que causó una máquina retroexcavadora que taló unos árboles. Desconocen si se contó o no con la permisología y si se respetó la normativa.
Sin embargo, exige que se convoque de manera urgente una asamblea extraordinaria en la que se le informe al gremio en general de qué se trata el proyecto, pues a pesar de agrupar a más de 12.000 agremiados, al parecer solo tres directivos son quienes tienen conocimiento de estos trabajos.
Igualmente, la abogada tachirense Carmen Olmos indicó que “a raíz del movimiento de tierra en una capa vegetal en las áreas verdes del Colegio de Abogados, se presentó la denuncia ante el Ministerio de Ecosocialismo”, con la que hasta ahora se logró una sanción administrativa a los directivos involucrados.
Para Carlos Casanova, otro agremiado que pide explicaciones, “esta directiva tiene siete años sin rendir cuentas, pues le pasa igual que el chavismo se creen dueños de las cosas. Hacen esta acción de ecocidio sin haber consultado al gremio”.
Casanova enfatizó que hubo “falta de conciencia ecológica”. A su juicio, la institución “necesita voceros que reivindiquen el ejercicio de la profesión del abogado en declive, precisamente por falta de condiciones”.
Dijo además que las autoridades del colegio sólo “se han dedicado a ser directiva de un club y entonces el espíritu democrático no lo comparten, no lo tienen, porque tampoco llaman a una asamblea para compartir el proyecto que tienen, porque lo asumen como propio, porque se consideran dueños”.
Denunció que al parecer en la sede también se estarían construyendo edificaciones sin permisología. “¿Dónde queda la posición de un abogado, que se supone que ejerce para estar en contra de cualquier irregularidad?”, cuestionó Casanova.
Los denunciantes exigen cuentas de lo que se ha hecho en siete años, en los que no se han presentado ni informes de gestión. Además, piden la renuncia de la actual directiva, a fin de que la Comisión Electoral asuma las riendas del gremio, hasta que se convoque a unas nuevas elecciones.