Poco más de un mes ha pasado desde entonces y Lula ha demostrado lo dúctiles que son sus convicciones. Ni es cierto que los derechos humanos, como asegura, le preocupen especialmente, ni le interesa salvaguardar la democracia. Si buscaba hacer de Brasil una voz creíble en el ámbito internacional, pues él mismo se ha encargado de sabotear ese objetivo esta semana, al hacer de valedero de un régimen dictatorial, violador de derechos humanos, corrupto hasta la médula y con vínculos con el crimen organizado y el narcotráfico como el que dirige Nicolás Maduro en Venezuela.
El lunes, Lula celebró una conferencia de prensa con Maduro donde, en buena cuenta, se dedicó a lavarle la cara. “Me estuve peleando mucho con los compañeros socialdemócratas europeos, con gente de Estados Unidos, porque para mí era absurdo que la gente que defiende la democracia te niegue a ti como presidente de Venezuela, habiendo sido elegido por el pueblo venezolano”, afirmó. Segundos después, además, sostuvo que la decisión de las democracias más grandes del mundo de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino del país caribeño en el 2019 se debió a “un prejuicio muy grande”, porque Maduro “no les caía bien”. “Y ese prejuicio sigue existiendo”, enfatizó.
Finalmente, menospreció los señalamientos sobre la naturaleza autoritaria del régimen chavista, aseverando que se trataba de meras “narrativas”. “Ustedes saben muy bien cuál es la narrativa que han construido respecto de Venezuela: del autoritarismo”, aseguró.
Como sabe cualquier persona mínimamente informada sobre la situación venezolana, Lula miente. Y lo hace descaradamente, sin importarle quedar retratado como tal y demostrando que no puede ser una voz autorizada en temas de derechos humanos o de democracia en ningún lado.
Maduro, vale recordar, no ha sido elegido por el voto popular. Su administración se ha erigido sobre la base del fraude que él y sus compinches ejecutaron en una pantomima a la que trataron de vender como unos comicios presidenciales en el 2018. En efecto, vastas son las denuncias de irregularidades en las elecciones de dicho año, donde la autoridad electoral venezolana, cooptada por el chavismo, no solo sacó de carrera a los principales partidos opositores aplicando retroactivamente una ley, sino que tuvo que contravenir su propia legislación para organizar unos comicios exprés, sin garantías y sin observadores electorales confiables. Estos no son prejuicios, como asegura Lula, son hechos probados.
Pero, además, la cúpula chavista carga con graves señalamientos de violaciones a los derechos humanos documentados en múltiples informes. Solo para recordar uno de ellos: en el 2020, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU denunció que desde el 2014 se registraron en Venezuela casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tratos crueles y torturas a presos políticos. Y apuntó directamente a Maduro y a varios de sus altos funcionarios de haber contribuido con estos crímenes. Esta no es una narrativa, es una realidad que, sin embargo, no ha sido investigada en el país caribeño porque el sistema de justicia allí opera en la práctica como un apéndice del régimen.
Como es evidente, no se puede defender la democracia y abrazar al mismo tiempo a quien la ha desmantelado por completo. No se pueden defender los derechos humanos cuando se defiende en simultáneo a quien los ha pisoteado sistemáticamente. No se puede, en fin, pretender pasar como una voz autorizada a escala internacional cuando se habla desde los prejuicios ideológicos y cuando se es cómplice de quienes han destruido Venezuela en todos los aspectos posibles, como hace Lula.
Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio el 31 de mayo de 2023