Beijing lleva adelante una sistemática caza de países con economías precarias a los que termina doblegando por la carga de sus deudas. Los objetivos ocultos detrás de esta estrategia.
Por infobae.com
En los momentos previos a que una nutrida comitiva compuesta por 35 funcionarios argentinos organizaba detalles para abordar el flamante ARG-01 -un renovado Boeing 757-200 de 23 años- rumbo a Shangai, Infobae publicaba un revelador informe escrito por el periodista Bernard Condon. En la crónica, el reportero enumeraba los países que permanecen ahogados y en cesación de pagos por las demandas que el régimen chino impone a cada nación a la que le presta dinero. “El pago de la deuda está consumiendo una parte cada vez mayor de los ingresos fiscales necesarios para mantener abiertas las escuelas, suministrar electricidad y pagar los alimentos y el combustible”, decía el reportero.
Una de las características que tienen estas “milagrosas ayudas” de Beijing es que las condiciones en que se concretan se mantienen secretas. Esto genera un doble problema al deudor: a la lógica obligación de cancelar los vencimientos -sean cuales fueran las condiciones- se suma la imposibilidad de obtener un posible rescate de un tercer organismo o país. Pero Condon ejemplifica con países lejanos para la Argentina y cualquiera de aquella delegación podría pensar que Pakistán, Kenia, Zambia, Laos y Mongolia nada tienen que ver con la región latinoamericana, cuya situación es diferente pese a que requieren las divisas por los mismos déficits.
Pero una nación más cercana -al menos geográficamente- es Surinam. Su presidente, Chan Santokhi, estuvo en el retiro de blanqueamiento a Nicolás Maduro que Lula da Silva celebró en Brasilia el martes para todos los presidentes de Sudamérica. Allí habrá estrechado sus manos con Alberto Fernández. Quizás les confió a sus pares sobre la jaqueca que no le permite conciliar el sueño como desearía. Es producto de la deuda que mantiene con Beijing y que le paraliza la reestructuración del pago de otros créditos que ha comprometido. Son 800 millones prometidos para obras de infraestructura que emplearían mano de obra exportada desde China y que ahora el gobierno local no puede pagar.
Un desembolso del Fondo Monetario Internacional (FMI) de 700 millones de dólares -un alivio para un país de 600 mil habitantes- ayudaría a la administración de Santokhi. Sin embargo, no avanza por las trabas del régimen chino. ¿Pretende Xi Jinping quedarse con los yacimientos petrolíferos de esa pequeña nación?
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