La demanda penal presentada hoy ante la justicia federal argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y la Clooney Foundation for Justice, sobre crímenes de derecho internacional cometidos por las autoridades venezolanas, es un importante paso para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación para víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela, dijo Amnistia Internacional.
Por amnesty.org
“Ante la demanda penal interpuesta en Argentina por familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, la justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos. La justicia federal de Argentina no puede darles la espalda a las víctimas; por el contrario, debe abrir la puerta a la jurisdicción universal y generar un precedente importante para que otros países de la región sigan el mismo curso de acción”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La demanda se enmarca en la política de represión instaurada y ejecutada por el gobierno de Nicolás Maduro desde 2014. Esta política -que sigue vigente- incluye la comisión de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, entre ellos, ejecuciones extrajudiciales, tortura y otros malos tratos, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, y persecución por motivos políticos.
Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional
Múltiples mecanismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, –incluida Amnistía Internacional– han denunciado cómo estos ataques han adquirido el carácter de sistemáticos y generalizados en contra de quienes son percibidos como opositores al gobierno, constituyéndose en crímenes de lesa humanidad. Esta conclusión fue igualmente sostenida por la Misión Internacional e Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, creada en 2019.
“Las víctimas que han denunciado crímenes de lesa humanidad hoy han puesto sus esperanzas de justicia en Argentina. Los tribunales argentinos tienen la competencia constitucional sobre estos crímenes no por dónde hayan sido cometidos o por quién, sino porque se trata de hechos que dañan a la humanidad en su conjunto. Esperamos que el sistema de justicia argentino esté a la altura de las circunstancias y sostenga su tradición histórica de perseguir y castigar a quienes resulten responsables en todos los niveles por estos hechos”, sostuvo Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
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El derecho internacional acuerda en permitir que todo Estado se halle facultado para investigar y sancionar a los responsables de crímenes de derecho internacional. En algunos casos esa facultad se convierte en una obligación de derecho internacional, cuando la o el presunto responsable de un crimen de derecho internacional se encuentre presente en un territorio sometido a la jurisdicción de otro Estado (a aquél en el que ocurrieron los hechos). Según estima la organización, el principio de jurisdicción universal ha sido reconocido por, al menos, 163 estados, es decir más del 85% de los países del mundo,
La investigación de Amnistía Internacional con respecto a la jurisdicción universal documentó que, desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el 2011, al menos 20 Estados han llevado a cabo investigaciones, han iniciado juicios o han completado juicios basados en la jurisdicción universal para los crímenes más graves. Entre estos Estados se incluye: Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Paraguay, España, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos.
En el caso particular de Argentina resaltan la llamada ‘querella argentina’ iniciada en 2010 contra crímenes de derecho internacional perpetrados en España durante el gobierno de Francisco Franco y la investigación abierta en 2021 sobre el posible genocidio del pueblo rohinyá en Myanmar.