La organización My Vote Counts (MVC) cuenta con más de 180.000 firmas de las 500.000 que se propone reunir en apoyo de una ley de ajuste que permita a más de 400.000 venezolanos radicados en EEUU contar con permisos de residencia permanente, dijo este miércoles a EFE su directora ejecutiva, Mildred Rodríguez.
Los esfuerzos de la organización que dirige esta venezolana llegada a Estados Unidos hace 23 años se han plasmado en un proyecto de ley de ajuste bipartidista introducido este martes en el Congreso en Washington.
El objetivo es ofrecer “inclusión permanente, inserción e integración social al país que los acoge, recuperando su libertad y reconstruyendo un futuro de reencuentros sin fronteras”, en palabras de la directora ejecutiva de MVC, que fue fundada en 2014 y tiene su sede en Orlando (Florida).
Los posibles beneficiarios son más de 400.000 ciudadanos venezolanos llegados a EE.UU. hasta el 31 de diciembre de 2021 en el contexto de una crisis humanitaria “sistémica” que hasta ahora ha llevado a casi ocho millones de venezolanos a abandonar su país, dice.
Solo Siria tiene más refugiados fuera de sus fronteras, subraya Rodríguez, quien cree que ese es uno de los puntos que muestran que es necesaria una ley de ajuste venezolano.
El otro es que no hay relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela. “No hay embajada ni consulados venezolanos aquí”, subraya en una entrevista con EFE.
Rodríguez destaca la importancia de ese proyecto, cuyo principal patrocinador es el representante demócrata Darren Soto y cuenta con el apoyo de la representante republicana María Elvira Salazar y las demócratas Debbie Wasserman Shultz y Federica Wilson, todos ellos de Florida.
Pero se necesita recabar el apoyo de más congresistas, agrega.
Las firmas son la carta de presentación de MVC cuando visitan a los congresistas y senadores -ya han visitado 245 oficinas en el Congreso- con vistas a asegurar votos para aprobar la ley.
“Queremos conseguir las firmas de 500.000 personas porque son más de las más de 400.000 que se beneficiarían de la ley”, dice.
El proyecto se inició en 2021 y en febrero de 2022, cuando empezaron a tocar las puertas de los congresistas, tenían 25.000 firmas, un 5 % de la muestra.
El representante Darren Soto, de origen puertorriqueño, fue el primero que escuchó a Rodríguez y los otros integrantes de MVC, y el año pasado presentó un proyecto de ley solo apoyado por demócratas que llegó al Subcomité de Inmigración, pero no avanzó más y hubo que reintroducirlo en 2023, porque no se había tratado.
Siendo bipartidista hay más probabilidades de que salga adelante, dice la directiva de My Vote Counts.
Rodríguez destaca que muchos de los venezolanos llegados a EEUU por la crisis en su país son profesionales que con la residencia permanente podrían ejercer en sus campos laborales y ahora no.
El 56 % de los latinos con estudios universitarios que viven en EE.UU. son venezolanos, según datos del censo, subraya.
“La opresión del régimen de (Nicolás) Maduro y el fracaso del socialismo del siglo XXI ha llevado a la peor crisis de refugiados del mundo y como resultado, miles de venezolanos en Miami enfrentan una situación migratoria incierta y no pueden regresar a Venezuela”, dijo la representante María Elvira Salazar este martes en Washington.
La republicana se declaró “orgullosa de coliderar la Ley de Ajuste Venezolano para proporcionar refugio a aquellos que han soportado un sufrimiento increíble, para que no tengan que volver a casa a enfrentarse a la ira de la dictadura”, indicó la republicana.
El demócrata Soto señaló que “con la ayuda del presidente Joe Biden y el secretario del departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, hemos entregado el Estatus de Protección Temporal y un nuevo programa de parole para ayudar a cientos de miles de refugiados venezolanos en Florida y en todo el país”.
“Ahora, los venezolanos que viven en los Estados Unidos necesitan un camino hacia un estatus legal permanente para tener una mayor estabilidad”, indicó. /EFE