El discurso dominante, aquel que se cuela en los medios de comunicación, en los discursos de los generadores de opinión, en las clases en las universidades (públicas y privadas), en los foros de discusión virtuales y en las decisiones de los cuerpos deliberantes es el de la privatización de todo. Se dice, con mucha facilidad y poca meditación, “las empresas públicas son corruptas e ineficientes”, “las empresas privadas son eficientes y generan ganancias”, “el Estado no lo puede hacer todo”, “debe haber responsabilidad personal”, “la gente debe reinventarse y emprender” y pare usted de contar. No hay que llamarse a engaños, desde hace rato es evidente que el discurso del populismo de izquierda, simplón y vacío, de Hugo Chávez también reposa, junto con su intérprete, en el “Cuartel de la Montaña”. He empezado a creer que la visita oficial de las autoridades al mausoleo del “Comandante Supremo y Eterno” más que una expresión de respeto es una forma de ir a constatar anualmente que no sea posible la resucitación.
Muchas empresas públicas, bajo la actual administración, han pasado a manos privadas en procesos muy poco transparentes. El ejemplo más palpable, aquí en Carabobo, es el de los Abastos Bicentenario. En esa lista entran algunos hoteles propiedad estatal, que pasaron a ser “administrados” o “gestionados” por operadores privados de origen extranjero y hasta espacios públicos como el Parque Recreacional del Sur en Valencia, con solo llamarse “Draculandia”, comenzó a cobrar entradas. Poco a poco, el discurso de la privatización se convierte en los hechos de la privatización, de la palabra a la acción, a lo concreto. Algunas autoridades universitarias, y muchos que aspiran a serlo en los procesos electorales próximos a celebrarse, ya hablan concretamente de buscar fuentes de ingreso a las casas de estudio superior que sean distintos a los fondos públicos (“para asegurar su supervivencia”) y esto, en principio, no está mal, lo que estaría mal es que esa fuente de ingreso sea, a falta de otros, el pago de la matrícula directamente de los bolsillos de los estudiantes, lo cual, junto con la desaparición del transporte universitario y el comedor, causarían que estudiar en la universidad sea en vez de un derecho un privilegio de algunos pocos.
¿Qué sucedería en el futuro si ese discurso termina por causar que el Estado venezolano sea mínimo y todas las empresas públicas, los servicios públicos e, incluso, la educación y la salud, se privaticen?. No hablemos del obvio impacto sobre el grueso de la población cuyos bajos ingresos les impediría acceder a esos bienes y servicios y, por tanto, ateniéndonos a los criterios más aceptados académicamente para entender la pobreza, pasarían de ser pobres a secas a pobres extremos. Mejor hablemos de si aquella sociedad distópica, el paraiso terrenal de los IESA boys, sería económicamente eficiente y próspera.