He notado que pocas veces, producto de la constante actividad de denuncia de las fallas de los servicios públicos en el municipio Libertador, en el estado Carabobo, dedicamos relativamente poco tiempo a expresar el programa político que deseamos implementar, es decir, nuestra oferta y alternativa al actual gestión local. Esperamos solucionar eso porque, habida cuenta de nuestra abierta aspiración a regir los destinos de los libertadorenses en el próximo periodo gubernamental, los ciudadanos deben tener claridad de qué proponemos frente al gobierno de fotos e Instagram de Óscar Orsini.
El municipio Libertador, aunque hoy no lo parezca, tiene todas las condiciones para ser una referencia nacional de desarrollo económico y social. Más de 40 mil hectáreas con vocación agrícola y pecuaria, un cuerpo de agua que saneado podría abastecer a Carabobo y Aragua del vital líquido, una posición geográfica envidiable que nos permitiría el establecimiento de importantes industrias alimenticias que puedan agregar valor a los productos del campo y la cercanía al más importante puerto del país, Puerto Cabello, que facilitaría la exportación a mercados internacionales. Una población relativamente pequeña y una infraestructura aún semiurbana que facilitaría, mediante la planificación y la inversión, proporcionar calidad de vida para sus habitantes y ser un imán para la inversión inmobiliaria. Tenemos todo, menos un buen gobierno.
Primero lo primero, debemos establecer una institucionalidad gubernamental que tenga relación directa con la sociedad civil. Un alcalde y un tren ejecutivo capaz de reunirse, de forma regular y constante, con la Cámara de Comercio e Industria de Libertador, con sus afiliados y el conjunto del empresariado permitirá regularizar una política fiscal progresiva, transparente, eficiente y confiable. La voracidad fiscal y la persecusión no generan cultura tributaria.
Desde la creación del municipio Libertador, en la década de los 90s, no tenemos un Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) que permita dar sentido a la inversión pública y privada para las próximas décadas y proporcionar el equipamiento e infraestructuras de acuerdo a los requerimientos de la población (vale decir que hasta Bejuma, con la cuarta parte de los habitantes de Libertador, tiene su propio hospital). El alcalde no puede ser el representante del gobierno nacional ante los vecinos de Libertador, al contrario, debe ser el representante de los vecinos ante el gobierno nacional y, por tanto, debe ser un aguerrido luchador que exija, a diario, la inversión del gobierno nacional en nuestra jurisdicción. No sé necesitan cómplices del desastre, se necesita manos a la obra para construir el municipio del mañana.
El Concejo Municipal deberá sesionar, como ordena la legislación vigente, en público, frente a los vecinos. Se deberá efectuar las modificaciones reglamentarias y las disposición de los espacios para hacerlo posible. No más sesiones secretas. El alcalde y el tren ejecutivo deberá asistir y comparecer regularmente ante el Concejo Municipal para que, finalmente, sea ejercida la atribución de control político de la gestión y la transparente rendición de cuentas.
La Contraloría Municipal debe respetarse y, además de asignarle el presupuesto debido, sus fiscales deben tener plenas garantías para evaluar la eficiencia del gasto público municipal y poder hacer públicas la declaraciones juradas de patrimonio de los altos funcionarios del gobierno municipal. Las finanzas personales de los gobernantes no deben ser secretas sino públicas, no hay vida privada porque los alcaldes, concejales o directores no son una casta monarquica o nobiliaria, no tienen sangre azul, son responsables ante la ciudadanía del tesoro público y su integridad.
El mundo ha cambiado, los municipios no son islas aisladas. Nuestro municipio debe recibir a los funcionarios de las diferentes agencias de las Naciones Unidas interesadas en efectuar actividades de mitigación de la crisis humanitaria compleja, particularmente en áreas alimentarias, sanitarias y educacionales, pero además, de conformidad a que Venezuela es un estado miembro del Mercosur, el municipio Libertador debe ingresar a la instancia de Mercociudades a efectos de poder mostrar a inversionistas internacionales nuestras potencialidades. Eso implica homologar procedimientos y políticas para estar a la altura gerencial de los municipios del continente y resolver, bajo los estándares globales de economia circular y transición energética, los problemas de aseo urbano, movilidad urbana y sostenibilidad ambiental. Nuestro municipio no debe seguir ignorando los deberes y obligaciones que implica la agenda 2030.
Estos no son sueños, son realidades al alcance de los libertadorenses. Aún más, es realizable por nuestros propios vecinos. No requerimos traer supuestos sabiondos de Caracas, Valencia, Guacara o San Joaquín, aquí hay el capital humano y profesional para llevarlo a cabo. Seguiremos informando.
Julio Castellanos / [email protected] / @rockypolitica