Aunque la frontera terrestre entre Venezuela y Colombia se encuentra completamente abierta desde septiembre del año pasado, muchas personas todavía siguen usando caminos irregulares, mejor conocidos como trochas, para evitar posibles obstáculos legales.
Por Fátima De Oliveira / MigraVenezuela
Esas trochas, que atraviesan el río Táchira entre ambos países, fueron durante años la única vía de comunicación en pleno cierre total de los pasos fronterizos, en el momento más tenso de las relaciones entre los gobiernos de Maduro y Duque.
Con el restablecimiento de relaciones entre los dos países, los casi 2.200 kilómetros de frontera volvieron a estar a disposición del tránsito peatonal y comercial.
Pese a esto, los caminos irregulares, usualmente controlados por grupos armados ilegales, se siguen utilizando. Los principales motivos para hacerlo son evitar las colas de los controles migratorios, esconderse de las autoridades colombianas, ocultar antecedentes judiciales o evadir la solicitud de documentación actualizada.
Sin embargo, la demanda se ha reducido y el tránsito en las trochas ya no está tan abarrotado de personas. De hecho, la trocha “Los Mangos” está casi vacía de día y el paso de mercancías es muy inferior al de años anteriores, cuando se movilizaban decenas de carretas llenas de productos colombianos para revender en Venezuela.
La policía de Cúcuta ha hecho varios llamados para evitar el uso de los pasos ilegales, pero algunos venezolanos insisten en aprovechar las rutas clandestinas como “La Platanera” y “La Marranera”, zonas caracterizadas por sus altos niveles de inseguridad y violencia.
Nadie ve ni nadie oye
Las autoridades migratorias de Colombia insisten constantemente en la ilegalidad de las trochas y en el riesgo que estos pasos representan para la seguridad e integridad de los migrantes de cualquier nacionalidad porque se exponen a bandas delictivas dedicadas al robo y la estafa.
La mayoría de estos caminos clandestinos están controlados por grupos guerrilleros como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), los cuales cobran grandes sumas de dinero para dejar pasar a los migrantes.