Lo preocupante es que a pesar de esa gran riqueza perteneciente al estado, se hace evidente lo limitado de esos recursos que generan beneficios a los ciudadanos, para lograr mejoras en calidad de vida y niveles adecuados de desarrollo humano, lo observamos al compararnos con países que no disponen del patrimonio económico que posee y usufructúa el estado Venezolano que sostienen elevados estándares de desarrollo social.
Además de poseer esas grandes riquezas naturales el estado tiene la propiedad de más del 75% del complejo empresarial nacional, destacándose el conglomerado de producción y refinación de petróleo, el monopolio del hierro y aluminio, cemento, electricidad, bancos, televisión, radios, líneas aérea, complejo pesquero, empresas agropecuarias, agroindustrias, etc.
El estado poderoso también ha afectado derechos de sus ciudadanos al tomar más de 6 millones de hectáreas, industrias y miles de inmuebles sin haber cumplido con la necesaria expropiación, tal como lo establece la propia constitución nacional vigente. Desconociendo los derechos ciudadanos de los afectados con esta toma de sus propiedades privadas, sin pago alguno y dejando a un lado los procedimientos expropiatorios vigentes.
El estado poderoso tiene que acatar y respetar los derechos de los ciudadanos, así como facilitar que esa riqueza sea para generar bienestar y prosperidad para los venezolanos.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.