Cerca de cumplir los tres años de prisión provisional en España, Hugo Armando Carvajal (alias ‘El Pollo’) está a punto de conocer cuál será su destino en el futuro cercano. El exjefe de la inteligencia militar de Venezuela es reclamado por Estados Unidos y la Audiencia Nacional accedió a entregarlo hace tres años, pero su defensa alega que corre peligro si pisa Washington porque se enfrenta a cadena perpetua. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) decide este jueves si es extraditado.
El que fuera la mano derecha de Hugo Chávez se encuentra en el módulo para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de la cárcel de Estremera (Madrid) desde el pasado mes de octubre de 2021 cuando fue detenido. Su insistencia en asegurar su inocencia se mide en las veces que ha logrado frenar su proceso en la Audiencia Nacional para no ser subido un avión con destino el otro lado del charco.
El último de sus intentos para ser liberado fue el pasado mes de agosto cuando volvió a solicitar la revisión de sus condiciones a la Justicia española recordando que él aquí no ha cometido ningún delito. El jefe de la contrainteligencia venezolana hasta 2014 pidió que le excarcelaran mientras avanzaba su proceso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a dar un no por respuesta. “El riesgo de fuga no solo persiste, sino que se ha incrementado”, concluyeron los magistrados.
Los jueces no se fían de ‘El Pollo’ porque permaneció ajeno a los tribunales durante más de un año cuando el Consejo de Ministros firmó su extradición en 2020. Su caso es extraño para todo el que recorre los pasillos de la Audiencia Nacional. Allí, en un primer momento se había negado su entrega a Estados Unidos, pero el asunto se llevó a pleno y los magistrados accedieron entonces a su extradición.
Un durísimo voto particular del juez José Ricardo de Prada dejó ver las costuras del sistema revelando que el magistrado de enlace en la embajada de España en Washington había presionado para la decisión. “Como magistrado del Pleno de la Sala de lo Penal no puedo sino manifestar mi perplejidad, profundo malestar y desacuerdo con el hecho de que una persona no parte en el proceso y fuera de los cauces procesales establecidos, aunque se trate del consejero jurídico de la embajada de España en Washington, haya accedido al menos a un magistrado del Pleno, abogando por una determinada solución del caso; con la esperanza de que fuera un episodio único y no haya tenido influencia real en el resultado de la deliberación”, decía su voto particular.
Un segundo documento discrepante fue secundado por cuatro de los 18 magistrados del pleno celebrado en noviembre de 2019. “No se concreta la actividad delictiva”, por las autoridades de Estados Unidos dijeron.
Desde entonces, recurso tras recurso la defensa de Carvajal ha estado luchando por todas las vías su permanencia en Madrid. Alegando que no hay suficientes garantías de que en el país que dirige Joe Biden se vayan a respetar los derechos humanos del venezolano. Llegó incluso a iniciar una colaboración con las autoridades españolas y a declarar en un procedimiento que se reabrió en la Audiencia Nacional sobre la financiación de Podemos a cambio de beneficios procesales. Su cooperación se cortó, sin embargo, en el momento que supo que eso no frenaría su marcha y el procedimiento sobre la formación morada se cerró de golpe por orden de los jueces que consideraron “prospectiva la investigación”.
Ahora, juega la última carta en el TEDH, aunque fuentes de su defensa aseguran que si la decisión es negativa para él la partida todavía no ha terminado en España. Quedan varios recursos de lo Contencioso-Administrativo pendientes de resolver y uno más en el Tribunal Constitucional. El límite máximo legal de cuatro años para que permanezca en prisión provisional en territorio español cumple el 1 de abril de 2025.
Los togados de Estrasburgo deben decidir si se puede vulnerar el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos (“nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”) porque si se le extradita y se le declara culpable “existe un riesgo real de que sea condenado a cadena perpetua sin ningún mecanismo eficaz mediante el cual pueda solicitar una reducción de pena o una revisión”, dice el objeto del caso en el TEDH.
Se ha solicitado a las partes que proporcionen información adicional sobre los mecanismos legales y aplicables en EE.UU para obtener una revisión de una posible cadena perpetua. Han pedido cualquier información relevante sobre la práctica de los tribunales de primera instancia en el país americano en procedimientos similares.