El régimen de Venezuela bajo el liderazgo de Nicolás Maduro ha adoptado un enfoque de “mano dura” en su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, esta estrategia ha llevado a numerosas violaciones de los derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales, según Mariano de Alba, asesor del International Crisis Group.
Por lapatilla.com / Con información de EFE
De Alba señala que las fuerzas de seguridad en Venezuela entran en ciudades de escasos recursos y asesinan indiscriminadamente, afectando a personas inocentes. Aunque esta estrategia puede traer beneficios electorales a corto plazo, a largo plazo los grupos criminales se reorganizan y evitan la represión estatal.
Por otro lado, en países como Colombia y México, los presidentes Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador han optado por la negociación con los grupos del crimen organizado. El objetivo es lograr acuerdos que detengan la violencia y promuevan el desarme de estas bandas. Sin embargo, De Alba advierte que algunos grupos utilizan estas negociaciones para fortalecerse y rearmarse.
Ante estas dos estrategias polarizadas, De Alba propone un tercer modelo que no sacrifique el Estado de Derecho ni los derechos humanos, pero que sea efectivo para detener la violencia y los homicidios. Este modelo se basaría en sistemas de justicia independientes, desarrollo económico y cooperación internacional.
En este sentido, De Alba destaca la importancia de la cooperación de la Unión Europea, ya que considera que los países consumidores de drogas también son parte del problema. Según él, una coordinación entre los países productores y los países consumidores es fundamental para combatir el narcotráfico, uno de los principales motores del crimen organizado en Latinoamérica.
En conclusión, el régimen de Venezuela ha aplicado una estrategia de “mano dura” en su lucha contra el crimen organizado, lo que ha llevado a violaciones de los derechos humanos. Por otro lado, otros países como Colombia y México han optado por la negociación, aunque esta estrategia también presenta desafíos. Ante esta dicotomía, se plantea la necesidad de un tercer modelo que combine el respeto por el Estado de Derecho y los derechos humanos con la efectividad en la lucha contra el crimen. La cooperación internacional, especialmente con la Unión Europea, se considera crucial en este sentido.