Una organización relativamente joven en el mundo de la filantropía ha puesto la lupa de su equipo legal sobre la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Se trata de la Fundación Clooney para la Justicia, del actor estadounidense George Clooney y su esposa, la abogada libio británica Amal Clooney.
Por Gustavo Ocando Alex / vozdeamerica.com
La fundación, creada en 2016, se ha fijado como una de sus misiones “perseguir a los perpetradores de abusos contra los derechos humanos” en distintas partes del mundo, especifica en su portal oficial, https://cfj.org.
La organización dio un paso firme y rápido para atender legalmente las graves denuncias de violaciones de derechos humanos en Venezuela desde 2014.
La Fundación Clooney introdujo en junio una acusación criminal en Argentina contra militares de Venezuela, en representación de las familias de 2 venezolanos asesinados durante las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, en 2014.
Solo un mes luego, el fiscal federal argentino Carlos Stornelli dijo que liderará la investigación sobre potenciales crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a raíz de la denuncia introducida por los abogados de la Fundación Clooney.
Un vocero de la organización sin fines de lucro explicó entonces que la querella se introdujo en Argentina por ser un país cuyo sistema judicial ya ha aplicado el principio de jurisdicción universal para investigar delitos de lesa humanidad cometidos en España, durante el franquismo, y Myanmar.
Sus fundadores
Los cofundadores de la Fundación son George Clooney, actor, productor y director de cine y televisión estadounidense, y su esposa, Amal, una abogada y profesora de derecho especializada en la defensa de los derechos humanos.
Clooney, de 62 años, es una de las estrellas más galardonas y famosas de la industria fílmica en Hollywood y de la televisión norteamericana. Su pareja ha representado a víctimas de injusticia en cortes internacionales por 20 años.
George y Amal Clooney remarcan en la página oficial de su fundación que tratan de colaborar con la creación de “un mundo donde los derechos humanos son protegidos y donde nadie está por encima de la ley”.
La Fundación Clooney para la Justicia “ha crecido cada año” desde su creación, en agosto de 2016, y ya opera “en más de 40 países”, indican.
El año siguiente de su puesta en marcha, la organización se asoció con UNICEF para construir 7 escuelas para niños refugiados en Líbano.
La alianza, de 2,25 millones de dólares, contó con donaciones de dos de las más importantes compañías de tecnología del mundo, Google y Hewlett Packard.
Clooney precisó en 2019, durante el Nordic Business Forum, en Helsinki, que dedicaba 60% de su tiempo a la fundación que preside junto a su esposa.
Reveló allí que sus ingresos por publicidades a marcas consagradas de relojería y maquinaria para cocinas los invierte en la financiación de su Fundación.
Otro dato sobre sus finanzas personales que sacó a la luz en aquel foro fue cómo invirtió 100.000 dólares en un tequila “muy bueno” que, 4 años luego, vendió junto a sus 2 socios por 1.000 millones de dólares.
Entre los socios y las organizaciones que asisten a la Fundación Clooney para la Justicia, mencionan a Microsoft, el Centro para Derechos Humanos del gremio de abogados de Estados Unidos, la Oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU.
También, agradecen el “apoyo generoso” de otras organizaciones filantrópicas, como la Fundación Ford, la Fundación Bill y Melinda Gates, la Iniciativa de Google News, Microsoft, la Fundación Elevate y la Fundación Open Society, entre otros.
Clooney ayudó a fundar The Sentry, enfocada en rastrear y revelar el dinero financista de “las atrocidades y crímenes de lesa humanidad” mediante redes “que se benefician del conflicto violento, la represión y la cleptocracia”.
TrialWatch, uno de los programa de la Fundación Clooney, se enfoca en la defensa de prisioneros políticos y detenidos injustamente en el mundo.
The Docket es la punta de lanza
The Docket -o El Expediente- es el proyecto de la organización de los Clooney encargado de investigar y litigar el caso de Venezuela.
Según su descripción en la página de la Fundación, fue creado para “ayudar a hacer realidad la justicia para los sobrevivientes de atrocidades en masa”.
Ese equipo de expertos legales también investiga abusos similares en Ucrania, Sudán, República Democrática del Congo, Darfur y el comercio ilegal antigüedades saqueadas, un “crimen” que generalmente no se investiga, detecta, reporta ni se sanciona legalmente, de acuerdo con sus precisiones.
“A pesar de que las atrocidades en masa son más visibles que nunca, sus perpetradores aún están impunes”, advierte la Fundación Clooney para la Justicia al explicar su trabajo de investigación y acción legal en esos casos.
Según la organización, la herramienta tradicional de “nombrar y avergonzar” a esos criminales ya es insuficiente para frenar ese tipo de delitos.
El equipo de The Docket, precisan, “reúne evidencia” para activar acusaciones y acciones civiles contra aquellos involucrados en crímenes internacionales y representa a las víctimas en su búsqueda de la justicia”.
En su sitio oficial en Internet, The Docket acusa a las autoridades venezolanas de responder “con represión sistemática” a las protestas masivas en su contra.
Ese proyecto dice haber estado “reuniendo evidencia” de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela documentados por las Naciones Unidas e incluso antes de que se anunciara la apertura de una investigación formal sobre ello en la Corte Penal Internacional, en noviembre de 2021.
Apoyo a la Corte Penal y al fiscal Khan
The Docket dice investigar torturas, ejecuciones, desapariciones forzosas de “cientos de civiles” y la detención arbitraria de otros miles en Venezuela.
Una acotación importante de la Fundación Clooney para la Justicia en su sitio oficial en Internet es que “ahora brindará apoyo investigativo a la Corte Penal Internacional para ayudar a llenar los vacíos en sus investigaciones con evidencia sólida que ‘aguante’ en las salas de las cortes internacionales” que traten el caso venezolano.
The Docket advierte que la Corte Penal Internacional “tiene acceso limitado” a Venezuela, a pesar de haber reanudado sus investigaciones y la apertura de una oficina en Caracas.
“Nos enfocaremos en reunir evidencia sobre los incidentes de abusos y los perpetradores que faltan en su investigación”, apunta la organización.
Para ello, están realizando “entrevistas extensas con testigos y sobrevivientes que han logrado escapar del país y que ahora viven seguros” en el extranjero.
Su equipo de abogados e investigadores entrevista a esos venezolanos en 4 naciones: Venezuela, Argentina, Colombia y España. Dicen recibir apoyo de firmas legales que actúan en modo “pro bono”, es decir, gratuitamente.
Ese personal está “edificando expedientes que vinculan a funcionarios venezolanos a los crímenes” investigados por el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan.
“A medida que el caso se desarrolla, planeamos ayudar con la representación de las víctimas ante la Corte Penal Internacional”, añade su descripción.
Métodos de investigación “innovadores”
La Fundación Clooney para la Justicia explica que sus prácticas sobre Venezuela y el resto de los casos donde han puesto sus focos son “una combinación de investigaciones de campo, análisis de fuente abierta y litigaciones estratégicas” para beneficiar a las víctimas dondequiera que se encuentren.
Sus métodos incluyen una red de socios y expertos, como especialistas en asuntos regionales, medicina forense, armas, antropología forense, finanzas e impuestos, investigaciones de fuente abierta y prácticas forenses digitales.
The Docket dice utilizar estrategias de investigación “innovadoras”, como inteligencia de fuentes abiertas, análisis de imágenes satelitales y experticias forenses digitales. Sus indagaciones también apuntan a actores económicos, remarca.
Otros de sus métodos pasan por identificar las “oportunidades” para llevar a los perpetradores de crímenes internacionales ante la justicia, trabajos con fiscales nacionales e internacionales y colaboraciones con expertos privados, organizaciones no gubernamentales y “otros socios”, como firmas legales.
El último paso de la querella de la Fundación Clooney sobre Venezuela ha sido una petición formal del fiscal argentino Stornelli, que debe aprobarse o rechazarse por un juez federal en esa nación de América del Sur.
Las medidas exigidas por Stornelli incluyen solicitudes al sistema de justicia venezolano de copias de los expedientes judiciales y a los hospitales donde las víctimas fueron atendidas durante la presunta comisión de delitos.
También, propone solicitar documentos de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional sobre Venezuela.
La causa promovida por la organización de los Clooney imputa a 14 militares venezolanos, entre ellos al comandante de la Guardia Nacional en 2014, mayor general Justo Noguera; y al comandante de la Guardia del Pueblo, general de división José Goncalves.
En casos como el de Venezuela, la Fundación Clooney para a Justicia busca que “la paz, como la guerra, sea librada, no ocurre simplemente”, según explica Amal Clooney, junto a su marido, en un video explicativo sobre la organización en su página oficial en Internet.
Su esposo George complementa su idea: “No somos un gobierno, no podemos hacer política, pero podemos iluminar sobre la injusticia y entonces puedes llevar a los gobiernos y a sus ciudadanos a que sigan doblando ese arco moral de la historia hacia la justicia”.