El martes 11 de julio, habitantes de la comunidad indígena kariña en Macapaima, estado Anzoátegui, denunciaron los graves daños al medio ambiente y a la salud de algunos miembros de la etnia que, según ellos, son causados desde hace varios años por unas gabarras abandonadas pertenecientes a la empresa privada ACBL de Venezuela.
Por Pableysa Pableysa Ostos /Corresponsalía lapatilla.com
El equipo reporteril de lapatilla.com intentó contactar a representantes de la empresa a fin de conocer su versión, pero no hubo respuesta hasta este miércoles 19 de julio, cuando directivos y asesores legales de la empresa ofrecieron una rueda de prensa en sus instalaciones para dar su versión.
“En la zona de amarre de gabarras en la orilla norte del río Orinoco, costas del estado Anzoátegui, específicamente en la milla 192, sí se están realizando actividades de desguace y cortes de gabarras propiedad de ACBL de Venezuela por personas ajenas a la empresa, negando las operaciones de custodia y movilización”, expresaron en el encuentro con los periodistas.
David López, asesor legal de la empresa, explicó que en relación a la decisión judicial de que habrían colocado gabarras de la empresa ACBL a la orden de Corpoez, ellos no estaban al tanto de este fallo hasta el 7 de julio que tuvieron conocimiento de esto. “La empresa no había sido notificada ni había tenido información oficial de estas actuaciones judiciales”, argumentó López.
“La empresa informó que nunca fue notificada, ni de ningún procedimiento en su contra, ni sobre sus bienes para tomar decisiones relativas a comiso, disposición, transformación, comercialización o exportación, como refiere el oficio judicial, siendo evidente que una medida precautelativa es de orden preventivo y no definitivo, no concediendo ninguna posibilidad de disposición de dichas gabarras, que están ubicadas en puntos de amarre en el río, autorizados frente a CVG Bauxilum, por la Corporación Venezolana de Guayana y las autoridades fluviales”, detallaron los asesores legales de ACBL de Venezuela.
Sobre las denuncias de presunto abandono y contaminación, respondieron que “los supuestos de contaminación y condición de abandono que alegan, son totalmente falsos y carecen de toda prueba. No hay ninguna evidencia técnica, biológica y científica que demuestre la existencia de una contaminación fuera de los parámetros ambientales en el agua donde están las gabarras”.
“Existen pruebas documentadas en el expediente que cursa en fiscalía y tribunal, donde no existen evidencias de sustancias nocivas o presencia de contaminantes ambientales que afecten, degraden o destruyen la biodiversidad de la zona, así como exámenes de laboratorio que confirman la inexistencia de contaminación”, detallaron.
Análisis
Sobre los análisis realizados por la Universidad de Orientes (UDO) a través de la Escuela de Ciencias de la Tierra y del Centro de Geociencias, la empresa destacó que estos estudios “concluyen que consta en el folio 49 del expediente llevado por el tribunal de la causa, que los resultados en las muestras de agua realizadas por esa entidad y avalada por expertos ambientales del Ministerio Público, en la zona donde están las gabarras propiedad de ACBL, cumplen con los estándares de las Normas de la Gaceta Oficial 5021, del 18 de diciembre de 1995, Decreto 883, en lo referente a vertidos líquidos”.
“Esta prueba técnica fue ratificada por experticia del Ministerio Público al folio 69 del expediente. Esta conclusión fue confirmada posteriormente a la Fiscalía Tercera en materia de Defensa Ambiental y Fauna Doméstica por la Unidad Técnico Científica y de Investigaciones de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, donde hace constar que los resultados obtenidos durante los análisis de agua realizados por la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Oriente, en fecha 22 de noviembre de 2022, demuestran que las aguas tomadas por expertos de la Unidad del Ministerio Público en ese sitio en riberas del río Orinoco, exactamente en la Comunidad Indígena Kariña Macapaima e Isla de Mamo, municipio Independencia, estado Anzoátegui, no presentaron niveles de contaminación, folio 110 y 111 del expediente”, detallaron López y Miguel Abrams, ambos asesores legales de la empresa.
Desmienten contaminación
Aseguraron que es “inexistente la contaminación proveniente de las gabarras, cuando las mismas, por diseño y construcción, son de acero naval, carentes de medios de propulsión propia, no requieren uso de combustibles o lubricantes, y no utilizan ningún elemento que pueda ser clasificado por la autoridad ambiental nacional e internacional, como sustancia líquida peligrosa o vertidos que puedan degradar o afectar el medio ambiente”.
Detallaron que esas gabarras transportan material natural, es decir, bauxita, hierro. Consideran que esta situación de denunciar y declarar medidas judiciales por tales conceptos, no procede, ni legal ni ambientalmente, porque las gabarras en ningún momento pueden clasificarse, ni siquiera en su peor condición estructural y de navegabilidad como “desecho industrial”, ni factor que pueda provocar contaminación de las aguas.
Los representantes de la empresa aseguraron que para el 14 de julio de 2023, solicitaron a la empresa Global Enviroment Services un análisis de agua en la zona en cuestión, donde según se demuestra con certeza, no existe la supuesta contaminación denunciada.
No hay abandono
“Las gabarras no están en condición de abandono, ni afectando tierras, ni hábitat de comunidades o poblaciones al margen del río Orinoco, del estado Anzoátegui, sino que están legítimamente fondeadas en una zona de amarre autorizada para las operaciones fluviales del sector industrial de Ciudad Guayana, específicamente para la empresa CVG Bauxilum, entre el canal de Navegación y su planicie de inundación”, detalló Enrique Gil, directivo de la empresa.
Ejemplifican que llegaban a mover unos 3 millones de toneladas de bauxita al año, entre 1993-2023 movieron unos 51 millones de toneladas de este material. Tenían 70 gabarras operativas, actualmente serían unas 66. El equipo reporteril de lapatilla.com también evidenció algunas gabarras hundidas. Sobre esto no hubo explicación por parte de la empresa.
Sumaron que durante el año 2022 (sin precisar fechas), realizaron al menos dos denuncias sobre actos vandálicos en las gabarras. Desconocen quiénes fueron los causantes de estos hechos y solo contaron con presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en su momento.
“Debido a la alternancia de los periodos de estiaje y aguas altas del río, parte de la zona de amarre queda descubierta cuando el nivel del río baja, ocasionando que algunas gabarras puedan posicionarse sobre su lecho expuesto (no quedan varadas accidentalmente ni voluntariamente), en ciclos naturales del comportamiento hídrico del río Orinoco, a partir del mes de septiembre hasta abril, y quedan sumergidas nuevamente por las aguas cuando inicia el periodo de lluvia o aguas altas”, detallaron.
Proceso legal
Por ahora, la empresa se mantiene a la espera de la decisión del tribunal y la fiscalía, donde han solicitado que se ordene con carácter de urgencia la inmediata suspensión de los trabajos de desguace que se están realizando, “y declare igualmente con lugar la oposición de las medidas decretadas, y se ordene la suspensión de las mismas, con el fin de evitar que se continúen los daños al ambiente y a la empresa”.
Explicaron que han realizado las actuaciones legales respectivas ante el Tribunal Quinto de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, en el cual formalizó la oposición a las medidas decretadas a requerimiento del Fiscal Auxiliar (68°) Interino del Ministerio Público, así como actuaciones legales ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público con Competencia en Materia Ambiental de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, solicitando la inmediata suspensión de las actividades de desguace de las embarcaciones propiedad de ACBL.
“Estas acciones sí degradan el medio ambiente, que en virtud de una mala aplicación del alcance de las medidas se están llevando a cabo, según las notas de prensa, por orden de Corpoez y la empresa Tridente Services con representantes de la comunidad indígena Macapaima, afectando el ecosistema que los rodea y que alegan proteger. Han convertido esas medidas preventivas en unas medidas definitivas de confiscación y destrucción prohibidas por el artículo 116 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, actuando de manera inconstitucional e ilegal, con daño irreversible e irreparable al medio ambiente y a los bienes de la empresa”, denunciaron.
