Netanyahu, con el apoyo de 64 diputados extremistas que hacen mayoría en el parlamento (Knesset), acaba de despojar de poderes a la Corte Suprema de Justicia, que lo asediaba por cargos de corrupción en sus administraciones anteriores. Una alteración institucional grave si recordamos que en Israel no existe constitución nacional y, en su lugar, priva el derecho consuetudinario, el del uso y costumbre por cuya observación vela la Corte Suprema de Justicia. Con el poder judicial apocado, el fanatismo se empodera para tender la sombra de una suerte de apartheid clerical, dentro y más allá de las fronteras.
Esta liquidación de la independencia de los poderes públicos, además de liberar a Netanyahu de cargos, abre la espita a la obsesión de sus ministros ultranacionalistas y fanáticos religiosos de legalizar la anexión de las colonias y territorios ocupados de Cisjordania y, eventualmente, despojar a los palestinos de su suelo y liquidar su aspiración al derecho a constituir un Estado.
Han sido inútiles, hasta el presente, las repetidas protestas multitudinarias de israelíes democráticos, que exigen respeto a la institucionalidad y temen que las delirantes y “putinianas”, ansias expansionistas contra Palestina eternicen un indeseable estado de guerra. Lamentablemente, desapareció la huella de aquellas iniciativas para la paz y convivencia de los primeros ministros Shimon Peres y Yitzhak Rabin, este último, asesinado por un fanático de la misma casta de quienes hoy parecieran acariciar una suerte de “solución final “ para los palestinos.