El candidato republicano fue acusado de cuatro cargos en relación con sus esfuerzos para subvertir la voluntad de los votantes en 2020. “A pesar de haber perdido, estaba decidido a permanecer en el poder”, escribieron los fiscales.
Por infobae.com
Si el ex presidente Donald Trump ganara la presidencia incluso cuando hubiera acusaciones penales en su contra, habría una serie de complicaciones extraordinarias.
La acusación del martes sobre cargos federales derivados de su intento por permanecer en el poder después de que perdiera las elecciones de 2020 se sumó a la amenaza judicial cada vez mayor que enfrenta Trump, el puntero del Partido Republicano, mientras hace campaña para un segundo periodo en la Casa Blanca.
En Nueva York, se le acusa de falsificar registros empresariales relacionados con el pago para comprar silencio mientras el fiscal especial Jack Smith también lo acusó con anterioridad de un manejo indebido de secretos de seguridad nacional.
Si hubiese algún caso federal pendiente el día de su toma de posesión, Trump sencillamente podría usar su poder para obligar al Departamento de Justicia a descartar el asunto, como insinuó que podría hacerlo.
(Todavía no se sabe bien cuándo iniciará un juicio por su intento de anular las elecciones de 2020. El caso de los documentos clasificados, el cual se procesará en Florida, está programado para mayo, pero eso podría cambiar dependiendo de cómo se desarrollen los argumentos preliminares).
Pero la Constitución no les concede a los presidentes autoridad supervisora sobre los fiscales estatales, así que eso no funcionaría en el caso de las investigaciones estatales en Nueva York y Georgia, donde la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, ha señalado que está a punto de llegar a una decisión acerca de los cargos en su propia investigación relacionada con la interferencia en las elecciones.
Quizás lo más que pueda hacer Trump sería intentar retrasar un proceso sobre cualquier acusación estatal que estuviera pendiente. Anteriormente, el Departamento de Justicia ha adoptado la postura de que los procedimientos penales contra un presidente mientras está en funciones serían inconstitucionales porque afectarían su capacidad de desempeñar sus deberes.
No hay ningún fallo definitivo de la Corte Suprema acerca del asunto debido a que nunca antes se había presentado este problema. En 1997, la Corte Suprema autorizó una demanda federal contra el presidente Bill Clinton cuando estaba en funciones, pero se trataba de una demanda civil, no penal.
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