Nicolás Petro se mantiene en una encrucijada judicial desde el pasado fin de semana, cuando se perpetró su captura en la ciudad de Barranquilla. Aprehendido junto a su expareja, Day Vásquez, el exdiputado ha vivido horas de diligencias legales y juicios, así lo reseñó la REVISTA SEMANA.
Mientras se avanzan los oficios, la Procuraduría hizo presencia en el caso para definir su postura al respecto de las irregularidades habidas en el servicio público que el hijo de Gustavo Petro desempeñaba como miembro de la Asamblea del Atlántico, así como las posibles implicaciones del dinero ilegal que pudo haber entrado en la campaña presidencial del hoy mandatario.
“Este es un enriquecimiento ilícito grave, entendiendo la cuantía, 1.053 millones de pesos, es una suma para nada despreciable y que supera los ingresos del diputado Nicolás Petro”, manifestó la funcionaria de la Procuraduría acerca de lo cometido por el señalado.
Por otra parte, acerca de la solicitud de medida de encarcelamiento por parte del Ministerio Público en contra de Petro Burgos, la representante de dicha entidad argumentó las razones para que se hiciese el pedido, el cual también fue compartido por la Fiscalía en momentos previos del juicio.
“La prevalencia del interés general sería la que justificaría que una finalidad como el peligro a la comunidad permita la limitación del derecho a la libertad”, indicó la letrada acerca de lo que se requirió al juez en la diligencia.
Y ya entrando en el campo de la detención intramural (que será doméstica) a aplicársele al hijo del presidente, la emisaria del organismo de control público mencionó las penas estimadas que Petro tendrá que pagar, en caso de ser aceptadas por el togado, para cada uno de los dos delitos por los que se le imputa al acusado.
“Las penas son proporcionales a la gravedad. En ese sentido, las penas previstas para los delitos que se encuentran imputados, esto es enriquecimiento ilícito de servidor público y lavado de activos, son penas bastante altas. El primero tiene una pena de 9 a 15 años y el segundo de 10 a 30 años. Lo que evidencia que el legislador en su momento en desarrollo de su política criminal supo que esta era una conducta de alta gravedad”, detalló la Procuradora 55 Judicial Penal II.
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