Al menos 242 ONG, incluidas 15 organizaciones internacionales, expresaron su oposición a la intervención chavista de la Cruz Roja Venezolana, por considerarla un “grave precedente” para las asociaciones civiles del país.
En un comunicado, las ONG criticaron el “problemático fallo” del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) al mando del chavismo, emitido el viernes pasado, que destituyó a la junta directiva y nombró un comité de reestructuración encabezado por Ricardo Cusanno, expresidente de Fedecámaras, la mayor federación empresarial del país.
“Alertamos que tal decisión constituye una escalada de intervenciones que vulneran las diversas expresiones de la sociedad civil que se vienen dando en el país”, señalaron las organizaciones, quienes consideran que este hecho “agrava las ya severas privaciones que sufre la población” que recibe asistencia humanitaria.
Según las ONG, este fallo forma parte de los esfuerzos por “estatizar a la sociedad civil” y “abre la posibilidad de abolir el carácter autónomo e independiente de otras organizaciones sociales en Venezuela“.
Por ello, exigen que el TSJ “cese el patrón de intervención en las diversas expresiones de la sociedad civil” y “respete la voluntad y capacidad de decisión de la Cruz Roja Venezolana, permitiendo que sus órganos naturales decidan sobre los cambios necesarios, asegurando la continuidad de su trabajo”.
“Cesen las medidas o acciones legislativas, administrativas y judiciales del Estado tendientes a cerrar el espacio cívico en el país, así como los discursos y campañas de criminalización, estigmatización y persecución de las organizaciones no gubernamentales”, continúa el comunicado.
Además, las ONG hacen un llamado a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Misión de Investigación de la ONU para “documentar y monitorear este ataque”.
La nueva directiva “ad hoc” de la Cruz Roja Venezolana se reunió este miércoles con delegados de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) para elaborar una hoja de ruta que asegure “elecciones democráticas” dentro de la organización en un plazo máximo de un año.
Con información de EFE