Caribbean Petroleum Refinery Holding (CPR) ha sido ordenada a pagar más de 8 millones de dólares al operador de los tanques de almacenamiento de Bullenbaai, Curaçao Refinery Utilities (CRU).
Además, la empresa debe realizar pagos mensuales de más de 170 mil dólares a partir del 16 de julio, siempre que el tanque actual esté en uso.
Esta decisión fue emitida por el tribunal en Willemstad el martes 8 de agosto en procedimientos sumarios.
Al frente de la empresa CPR han estado los venezolanos Raúl Ignacio Socorro Herrera, Javier Hernández y Luis Giusti, antiguo presidente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).
Esta compañía aspiraba a operar la refinería Isla, ubicada en Curazao y propiedad de la estatal Refineria di Kòrsou (RDK). Sin embargo, en medio del proceso de licitación, se descubrió que CPR consignó documentos falsos.
El tribunal ha determinado que no existe incumplimiento del acreedor y que los argumentos de CPR con respecto a los tanques defectuosos y las circunstancias imprevistas no son válidos. El incumplimiento del acreedor es un término legal que se refiere a una situación en la que un acreedor, quien espera el pago o la ejecución, no cumple con sus propias obligaciones.
Además, el tribunal otorgó la demanda en función del acuerdo de cooperación, ya que la defensa de CPR no estaba suficientemente fundamentada. Dadas estas consideraciones, el tribunal honró sustancialmente las reclamaciones de CRU y decidió en contra de CPR, lo que resultó en un fallo de pago y costos legales.
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