El defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, Walter Márquez, recordó que ya hay varios casos que certifican la voracidad fiscal con la que actúan los funcionarios de la Alcaldía de San Cristóbal cuando llegan a inspeccionar un negocio, siendo en esta oportunidad responsables del hecho los fiscales de la Dirección de Rentas, Jaime Rodríguez y Yanith Valero, así como quien ordenó la acción, el director de Rentas, Antonio Martínez, hermano del director general de la alcaldía, Juan Rodolfo Martínez.
“El responsable directo es el que ordenó el allanamiento, como es Antonio Martínez, hermano del director General de la Alcaldía, Juan Rodolfo Martínez. Ahí hay cinco familiares vinculados a Juan Rodolfo que forman parte de la alcaldía. ¿Cómo se llama eso? Nepotismo ¿O qué nombre tiene?”, se preguntó Márquez.
Los funcionarios llegaron con un despliegue inusitado de fuerza de policía, amenazando con detener al hijo de María Lourdis, siendo esta, según Walter Márquez, una política sistemática generalizada de la alcaldía, que se ha manifestado en contra de bodegueros, repuesteros, licoreros, comerciantes del Hospital Central de San Cristóbal y en el Terminal de Pasajeros.
“Esta situación le generó su muerte en virtud de que ella (María Lourdis Zambrano) era una persona hipertensa y tenía afecciones diabéticas, y la arbitrariedad con que actuaron, el atropello, los tratos inhumanos, generaron que se le precipitaran esas enfermedades y falleció el 26 de marzo. Aquí estamos en presencia además de un hecho arbitrario e ilegal de un homicidio preterintencional y hubo allanamiento ilegal. Hubo también violación de domicilio. Estamos en presencia de tratos degradantes”, expresó.
Walter Márquez resaltó que en este caso también es responsable el alcalde Silfredo Zambrano, por acción y por omisión, por lo que el caso ya fue consignado ante el Ministerio Público y están evaluando enviarlo a la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, así como a la Comisión Interamericana Derechos Humanos de la OEA.
Detalles del caso
El 26 de marzo de 2023 falleció María Lourdis Zambrano (51), una comerciante del sector Barrio Sucre de la ciudad de San Cristóbal, después de que funcionarios de la dirección de Rentas de la Alcaldía de la capital tachirense, realizaran una inspección abrupta en su local comercial y le impusieran una multa de 1.000 dólares.
Hugo Alberto Ramírez Zambrano, esposo de la víctima, acompañado de su hijo, familiares y abogados, relató este miércoles 23 de agosto que desde hace años María Lourdes estaba a cargo del abasto, que era el mayor sustento de la familia, pero ese 10 de marzo a las 9:00 de la noche, llegaron los funcionarios, revolvieron todo lo que había en el negocio buscando algo que les permitiera imponer una multa, hasta que lo consiguieron.
“Llegaron a las 9:00 de la noche de una manera arbitraria, grosera y atropellaron a mi esposa y a mi hijo que estaba allí, que se encontraba haciendo un encargo de pancito y la sometieron a una requisa, si se quiere al estilo de la guardia pretoriana. Fue un atropello terrible y debido a eso, pues a ella le pusieron una multa por 1.000 dólares, por el hecho de que consiguieron 90 unidades de cerveza y alguna sangría que había comprado yo en esa semana, y las tenía justamente ahí para una reunioncita familiar que yo iba a hacer en mi casa, algo muy personal mío, y entonces ellos de allí se tomaron la atribución diciendo que nosotros vendemos licor allí y todo lo demás y me atropellaron a mi esposa”, dijo.
María Zambrano padecía diabetes e hipertensión, y debido al mal momento que enfrentó con los funcionarios, le dio un infarto. Durante los días lunes, martes y miércoles fue a la alcaldía sintiéndose mal, para cancelar la multa, pues el negocio tenía una orden de cierre para 20 días, pero a quienes les correspondía atenderla, dilataron el proceso, generándole largas horas de espera.
El miércoles 15 de marzo pudo pagar la multa al final de la tarde y se fue a la casa, con el infarto en marcha. “Lamentablemente sin dinero, sin recursos, tuve que ir a diferentes sitios médicos, de asistencia social. Bueno ya se determinó que el infarto estaba muy avanzado y no pude hacerle un cateterismo, porque no tenía el dinero, porque la platica que ella estaba reuniendo para ir al médico se la quitó la alcaldía injustamente”, destacó Hugo Ramírez.
Indicó que su esposa fue hospitalizada en el Seguro Social, donde padeció dos infartos más y falleció. “Yo estoy reclamando justicia, justicia por el hecho de que he perdido a mi esposa, el bastón principal de la casa, una mujer de hogar sumamente responsable, linda y hermosa, sumamente joven y usted se podrá imaginar el dolor que yo puedo tener”.
Nota de prensa