ONG y profesores universitarios exigieron este sábado la “inmediata liberación” del joven John Álvarez, un estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela (UCV) que denunciaron fue detenido de manera arbitraria esta semana por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
A través de X (antes Twitter), Provea aseguró que el estudiante “permanece detenido sin haber cometido delito alguno y sin que las autoridades formulen cargos en su contra”, por lo que exigió “su libertad inmediata”.
Señaló que Álvarez fue privado de la libertad “arbitrariamente” por “funcionarios de la PNB” y se encuentra recluido en una comisaría de Caracas, luego de que este viernes fuera “trasladado al Palacio de Justicia” de la capital para ser presentado ante un tribunal con competencia en terrorismo, audiencia que -agregó Provea- fue “diferida para el próximo lunes”.
De acuerdo con esta organización, Álvarez “estaba desaparecido” desde el miércoles hasta el jueves, cuando “sus familiares pudieron visitarlo” en unos calabozos de la PNB en Caracas.
La Asociación de Profesores de la UCV (Apucv) condenó la “detención arbitraria del estudiante”, cuya “inmediata liberación” también exigió el grupo de docentes.
Por su parte, la Federación de Centros Universitarios (FCU) de esta universidad, la principal del país, expresó, también a través de X, su preocupación por el joven, quien -aseguró- fue “sometido a desaparición forzosa por más de 24 horas”.
“Desde la FCU, exigimos a las autoridades del Estado el respeto al debido proceso y a sus derechos”, agregó la federación.
Esta semana, Amnistía Internacional (AI) denunció que los “patrones de represión” empleados para detenciones por motivos políticos en Venezuela se han “agudizado” y exigió “la liberación” de estos privados de libertad.
En su más reciente informe, AI destacó que organizaciones que defienden derechos humanos han documentado entre 2014 y 2023 alrededor de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos en el país, y que, en la actualidad, “alrededor de 300 personas siguen privadas de libertad en estas condiciones”. EFE