Con las víctimas todo, sin las víctimas nada. La Corte Penal Internacional (CPI) ha dejado en claro que su misión es ofrecer justicia e intentar reparar a quienes han sido objeto de alguna de las graves violaciones a los derechos humanos previstas en el Estatuto de Roma; y que toda decisión que adopte en algún proceso tendrá en cuenta la opinión de este colectivo.
Una prueba de lo anterior es el auto aprobado el pasado 24 de agosto por la Sala de Apelaciones del juzgado con sede en La Haya (Países Bajos), que ha convocado por segunda vez a las víctimas venezolanas de detenciones arbitrarias e ilegales, torturas, persecución o asesinato para que le expongan al fiscal Karim Khan si consideran que no debe investigar los hechos ocurridos en el país, tal y como lo ha pedido el Gobierno de Nicolás Maduro.
En la decisión emitida por la Sala se lee lo siguiente: «Se ordena a la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas (VPRS, por sus siglas en inglés) que recopile y transmita a la Sala de Apelaciones las alegaciones de cualquier víctima o grupo de víctimas interesados, con la asistencia de sus representantes legales si así lo desean, sobre la cuestión de si, en su opinión, la decisión del artículo 18(2) (del Estatuto) que permite la reanudación de la investigación por el Fiscal de la CPI debe ser confirmada, modificada o revocada en apelación».
El Gobierno de Maduro considera injustificado que se le haya autorizado a la oficina del fiscal Khan a reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en Venezuela, en primer lugar, porque no considera que en el país se hayan producido crímenes de lesa humanidad sino abusos cometidos por unas cuantas individualidades; en segundo, porque los excesos detectados son procesados por el Ministerio Público (MP) y el Poder Judicial; y en tercero, porque cree que las investigaciones de la Fiscalía de la CPI forman parte de una campaña internacional, orquestada por Estados Unidos, que busca desplazarlo del poder.
En la decisión suscrita por los magistrados Marc Perrin de Brichambaut, Piotr Hofma?ski, Luz del Carmen Ibáñez Carranza, Solomy Balungi Bossa y Gocha Lordkipanidze se ratificó el criterio que la instancia ha aplicado a otros casos, como el proceso por las ejecuciones policiales ocurridas en Filipinas durante la «guerra contra las drogas» que los gobiernos del país asiático pusieron en marcha entre 2011 y 2019.
«La Sala de Apelaciones considera apropiado que las víctimas participen en el procedimiento de apelación en la presente situación», declaró en su auto.
Atendiendo peticiones
Con su decisión, el juzgado no solo está reiterando su criterio, sino que de paso atendió las solicitudes que le hiciera un millar de venezolanos para poder participar en este proceso.
En cuestión de semanas, 1.118 venezolanos, divididos en tres grupos, acudieron ante la Sala de Apelaciones para pedirle que les permitiera exponer su parecer respecto a la solicitud con la que las autoridades nacionales confían frenar las investigaciones de Khan.
En los próximos días se espera que la Sección de Reparación y Participación de las Víctimas informe la forma en la que los interesados podrán exponer su opinión y los tiempos que tendrán para hacerlo.
Hasta ahora, el único lapso ya definido es que la Sección tendrá hasta el próximo 17 de octubre para presentar un informe a la Sala de Apelaciones, en el cual se condesen las opiniones de las víctimas que atiendan este nuevo llamado.
Esta es la segunda vez que el juzgado internacional convoca a los afectados venezolanos. La primera ocurrió a finales de 2022, cuando la Sala de Cuestiones Preliminares citó a las víctimas de los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en el país para que le expusieran si consideraban que las autoridades nacionales estaban o no investigando sus casos.
En esa ocasión, casi 9.000 personas expresaron su parecer y de manera prácticamente unánime solicitaron a la CPI que se le permitiera al fiscal Khan reanudar sus averiguaciones sobre lo ocurrido en el país, para así esclarecer los hechos, identificar a los responsables y buscar su enjuiciamiento.
Es importante aclarar que esto es adicional a la actuación de la Oficina Pública de Defensa de las Víctimas (OPCV, por sus siglas en inglés), instancia que pidió participar en el proceso de apelación, cuya solicitud fue admitida por la Sala el pasado 21 de julio. A más tardar el 12 de septiembre, la OPCV deberá presentar sus alegatos en un escrito de máximo 40 páginas.
Para esa misma fecha está pautada la respuesta por parte de la Fiscalía de la CPI a la apelación del Estado venezolano.
La OEA también quiere participar
Otro asunto que se espera sea resuelto a la brevedad es la solicitud de participación del panel de expertos de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
El grupo ha solicitado a la Sala de Apelaciones la posibilidad de ofrecer su opinión respecto a la conveniencia o no de permitir al fiscal Khan proseguir sus averiguaciones sobre los abusos ocurridos en el país. Así lo reveló la Sala en un auto dictado el pasado 7 de agosto.
A finales de julio, los expertos nombrados por la OEA anunciaron su interés en participar mediante un amicus curiae en el proceso iniciado por las autoridades venezolanas y garantizaron a la Sala que «proporcionarán información única y relevante» para ayudarla a concluir que el Estado no tiene intención de «realizar investigaciones genuinas y enjuiciamientos de los presuntos perpetradores a nivel nacional y cumplir con sus obligaciones» en materia de derechos humanos.
El panel designado en 2017 por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, realizó una serie de audiencias públicas e investigaciones, las cuales le permitieron determinar que en el país ocurrieron algunos de los crímenes previstos en el Estatuto de Roma. Así, la instancia documentó más de 12.000 casos detenciones arbitrarias, 289 de tortura y 192 de violaciones cometidos por presuntos agentes estatales.
Los hallazgos de los expertos sirvieron para que seis países acudieran en 2018 ante la CPI para pedirle que investigara lo ocurrido en Venezuela.
Y a ti venezolano, ¿cómo te afecta?
La acción interpuesta por el Gobierno de Maduro es una demostración más de la falta de interés genuino por esclarecer los hechos ocurridos en el país, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas. Sin embargo, la decisión de la Sala de Apelaciones es muestra de que la Corte Penal Internacional no piensa tomar ninguna decisión sin antes escuchar a las víctimas.
Desde Acceso a la Justicia instamos a los afectados a atender este nuevo llamado de la CPI y a dejar oír su voz de la manera clara y contundente en que lo hicieron en la primera convocatoria. La investigación del fiscal Khan es el primer paso para identificar y sancionar a los responsables de lo ocurrido en el país, lo cual es además una parte de la reparación para los afectados por sus crímenes.
En los próximos días aparecerán en la página web de la CPI las condiciones para enviar las solicitudes; estén atentos a nuestras redes sociales, pues informaremos inmediatamente al respecto.