La semana pasada, el madurismo usó a uno de sus lacayos, Pedro Carreño, para difundir un audio en el que, supuestamente, María Corina Machado reconoce que la oposición es minoría y por eso la escasa asistencia a las convocatorias en el interior del país. Asimismo, quieren hacer creer que la candidata está convencida de que debe terminar el proceso de primarias porque “ya el financiamiento se dio” y eso los beneficia a todos.
El régimen de Nicolás Maduro apeló a la clonación de la voz de María Corina utilizando la tecnología de Inteligencia artificial (IA). Sin embargo, la pronunciación del texto leído por parte de la modelo de IA no fue confiable para los que han escuchado detenidamente a la líder de Vente Venezuela.
La intención del video es manipular gustos, problemas, limitaciones y necesidades de los seguidores de la “revolución bolivariana”, quienes han empezado a identificarse emocionalmente con el mensaje de esperanza articulado por María Corina Machado.
Este fenómeno es especialmente relevante en el contexto de la comunicación digital en Venezuela, donde aproximadamente dos tercios de la población participan activamente en redes sociales y las consideran una fuente confiable de información. Es notable que la confianza en estos canales de comunicación tiende a ser mayor entre los individuos alineados con la oposición en comparación con aquellos que respaldan el régimen oficialista.
Si aceptamos que cada individuo puede opinar lo que quiera sobre cualquier tema, es imperativo también admitir que no todos poseen el derecho legítimo de construir su propia versión de los hechos. En la esfera analógica, esta declaración era en gran medida incuestionable. Sin embargo, en el contexto contemporáneo de la realidad virtual y las tecnologías de la información, dicho principio enfrenta desafíos significativos. En la actualidad, la manipulación de “hechos” puede llevarse a cabo con un nivel de precisión, eficiencia y economía tal que la noción de realidad se ve transmutada en un campo minado de anomalías, incertidumbres, omisiones intencionadas y “verdades” confeccionadas ad hoc.
La campaña electoral correspondiente a la primaria del 22 de octubre se encuentra desvirtuada debido a la persecución y propagación de desinformación concerniente tanto a los precandidatos como a la integridad del proceso electoral, orquestada por el régimen venezolano. En este sentido, la determinación de desarrollar la campaña electoral y la preservación de la veracidad informativa se erigen como un pilar fundamental para el sostenimiento de la democracia venezolana, particularmente en un contexto marcado por la escalada de ataques contra los precandidatos y la información veraz.
Antes del auge de las tecnologías avanzadas de IA generativa, la desinformación representaba ya un elemento problemático en el funcionamiento de las democracias contemporáneas.
Este fenómeno se agudiza y adquiere particular relevancia en el contexto venezolano, donde las tácticas autoritarias y coercitivas no se circunscriben únicamente al ámbito institucional estatal. En efecto, el régimen ha extendido su estrategia de control hacia las plataformas de redes sociales y los medios de comunicación. Mediante una combinación de censura y diseminación de información errónea o falsa, busca perpetuar su permanencia en el poder.
Conforme al informe publicado en 2020 por la Universidad de Navarra en colaboración con Transparencia Venezuela, titulado “El fenómeno de la desinformación digital [en Venezuela]”, los canales tradicionales de información como la televisión y la radio continúan ocupando una posición predominante en el consumo informativo de la mayoría de la población, seguidos de cerca por las redes sociales. El estudio también destaca que la autoidentificación política de los individuos ejerce una influencia significativa sobre los medios de comunicación que prefieren para informarse. De manera específica, 51,4% de los individuos que se alinean con el régimen de Maduro optan por obtener su información a través de noticieros o programas televisivos, en contraste con el 26,3% de los ciudadanos identificados con la oposición que recurren a estas fuentes tradicionales.
De manera similar, el informe indica que las plataformas de redes sociales constituyen la principal fuente de información para 39,0% de los sujetos identificados con la oposición política, en marcado contraste con el 14,7% de los individuos que manifiestan su apoyo al régimen de Maduro. Este dato revela una divergencia significativa en las preferencias mediáticas entre ambas fuerzas políticas.
Estas dinámicas de consumo informativo han sido capitalizadas de manera estratégica por el Estado mafioso-criminal, con el objetivo de implementar ataques informativos diferenciados dirigidos a segmentos específicos de la audiencia. Dicha estrategia comprende una combinación de tácticas de censura con la diseminación intencionada de información errónea o falsa en cada una de las plataformas mediáticas correspondientes.
Aunque el segmento más susceptible a la desinformación corresponde a individuos con niveles educativos más bajos, quienes primordialmente dependen de fuentes de información analógicas, prevalece un anhelo generalizado de cambio dentro de la población venezolana. Específicamente, la transición del socialismo del siglo XXI al de un Estado liberal –“82% de los venezolanos considera que la crisis económica y la mala calidad de vida son más relevantes que la crisis política” –.
La influencia de la desinformación y la censura en el comportamiento electoral de la población venezolana parece estar experimentando un declive. Factores tales como la imperante necesidad de reunificación familiar, la búsqueda de prosperidad a través de empleo dignamente remunerado, y la aspiración a un reencuentro social que trascienda las divisiones políticas, están comenzando a movilizar emocionalmente al electorado venezolano. Este cambio apunta a una modificación en las dinámicas que tradicionalmente han influido en las preferencias y comportamientos políticos de la ciudadanía.
En este contexto, las estrategias de la campaña política implementadas por Henrique Capriles y Carlos Prosperi, las cuales incorporan elementos de la cultura popular como Super Mario y Pikachu (de la franquicia Pokémon), así como la utilización de tecnologías de inteligencia artificial para evocar la figura de Carlos Andrés Pérez, no han logrado catalizar un nivel significativo de apoyo electoral hacia sus respectivas precandidaturas en las primarias. Este fenómeno sugiere una desconexión entre tales enfoques de campaña y las motivaciones primordiales del electorado en el actual ciclo electoral.
En el pasado, la producción de desinformación ha sido predominantemente una actividad humana. Sin embargo, los avances recientes en el ámbito de la inteligencia artificial generativa —particularmente en modelos capaces de generar redacciones sofisticadas y de sintetizar imágenes altamente realistas a partir de entradas de texto— han posibilitado la emergencia de formas sintetizadas de propaganda. Este desarrollo tecnológico introduce nuevas dimensiones en el panorama de la manipulación informativa.
En este contexto, la utilización de algoritmos avanzados para simular la voz de María Corina por parte del régimen representa una práctica cuestionable. Es crucial reconocer el potencial disruptivo de la inteligencia artificial generativa en el ámbito de las democracias. Cabe destacar que, incluso antes de los avances tecnológicos registrados en los dos últimos años, el régimen de Maduro ya había demostrado su capacidad para diseminar una amplia gama de narrativas nocivas y erróneas respecto a la restauración de la democracia en Venezuela.
Por otro lado, la contienda presidencial prevista para el año 2024 estará ensombrecida por prácticas de desinformación que cuestionan tanto el derecho de los ciudadanos a efectuar un cambio político como la integridad del proceso electoral en sí. Contrario a lo que podría esperarse, la fuente de estas prácticas de desinformación no será una tecnología emergente como ChatGPT, sino que provendrá de “Superbigote”. Este escenario plantea serias implicaciones para la calidad democrática y la legitimidad del proceso electoral en Venezuela.