Desde la llegada al poder del gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, se han presentado varios casos muy sonados de presunta corrupción en su administración. Funcionarios públicos del Consejo Legislativo de Apure (Clea), Petróleos de Venezuela (Pdvsa Gas), Contraloría del estado Apure y Gobernación de Apure, están detenidos por este delito.
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El último caso se reportó el pasado 21 de junio, que condujo a la suspensión de la presidenta del Consejo Legislativo, diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Yelitza Padrino Macías, quien supuestamente está implicada en casos de corrupción relacionados con la venta de bolsas de alimentación Clap. Por este motivo también fue aprehendido Luis Alvarado, chofer y pareja sentimental de la parlamentaria regional.
Fuentes consultadas señalaron que la detención de Alvarado se concretó en las inmediaciones del mercado municipal de San Fernando, durante la venta de las bolsas Clap.
La diputada Yelitza Padrino Macías asumió la presidencia del Consejo Legislativo el 8 de enero 2022, en la sesión solemne de instalación de la nueva directiva. Por ahora, Padrino está en libertad, pero el gobernador Piñate confirmó el pasado 23 de junio en un medio televisivo sobre la existencia de una investigación abierta en su contra. En el documento de renuncia de la diputada menciona que su decisión se debe a “problemas de salud”.
Es así como el 26 de junio de 2023, se instaló la nueva directiva del Clea y para asumir la presidencia fue designado César Luis Pérez, de tan solo 22 años, natural del municipio Achaguas.
Otro hecho de corrupción se conoció el pasado 27 de junio. Esta vez se trató de la desaparición de dinero de la caja fuerte de la Gobernación de Apure, cuyo resguardo estaba en manos de Ricardo Castillo, administrador de esa instancia gubernamental. En la caja fuerte al parecer se encontraban unos 145.000 dólares, los cuales desaparecieron misteriosamente.
De acuerdo a testimonios de fuentes ligadas a la gobernación, el dinero robado de esta institución se obtuvo con la venta de gasolina en la estación de servicio internacional La Araucana, ubicada en la avenida 1° de Mayo en San Fernando, capital del estado Apure.
“Todas las empresas del estado llevan el efectivo para allá y no lo depositan en cuentas como antes. No solo se recibe la plata de los Clap, sino también de TransApure, Pdvsa Gas y de las empresas y hatos socialistas, luego de vender el ganado en dólares. Todo en efectivo y todas las empresas están obligadas a llevar ese dinero en efectivo a la gobernación, nadie puede depositar ni un bolívar”, dijo una fuente anónima que pide reserva de su identidad.
Billetes a granel
Dos administradores de la gobernación durante la gestión de Piñate, han sido el blanco de represalias judiciales, porque son los encargados de recibir y administrar estos dividendos, de acuerdo a sus propios intereses económicos.
“Reciben el dinero a partir de las 4:00 pm hasta las 12:00 de la noche. Una de las empresas que aporta más plata es Batalla de la Miel, luego de que la gobernación centralizó el manejo de los Clap, antes en manos de las alcaldías. TransApure factura a diario todos los pasajes en efectivo de las distintas rutas que tienen, entre ellas la de San Fernando a Guasdualito”, agregó una fuente judicial.
Otro de los ingresos de la gobernación y fuente para cometer actos de corrupción, son las empresas contratistas, las cuales deben pagar el 30 % del contrato ejecutado. “En todos los gobiernos ocurre, pero ese tipo de operaciones no están contempladas en las leyes”, dijo una fuente interna de la gobernación.
Corrupción en la estatal petrolera
El 12 de enero de 2023, el tribunal 4to. de control del Área Metropolitana de Caracas ordenó la detención de tres ciudadanos: Héctor García, gerente de Pdvsa Gas Comunal del estado Apure; José Gregorio Jiménez, conocido como “Porfi”, quien fungía como gerente de una empresa contratista de las gandolas de la estatal petrolera, y un trabajador de Jiménez.
Se pudo conocer por parte de fuentes tribunalicias que esas detenciones fueron ejecutadas en la propia casa de los implicados, por una comisión de funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim-Apure) por los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, contrabando agravado de combustible y asociación para delinquir.
El caso fue puesto a la orden de la Fiscalía 55 con competencia nacional a los fines de llevar a cabo la audiencia de presentación el día sábado 14 de enero de 2023, ante el tribunal 2° de control del estado Apure, con la finalidad de dar la oportunidad a los detenidos de ser escuchados con respecto al caso.
Héctor García se desempeñó como gerente de Pdvsa Gas durante el gobierno saliente de Ramón Carrizalez y fue ratificado por el gobernador Piñate el 3 de diciembre de 2021, a pesar de la desaparición de más de 2.000 bombonas en el Alto Apure y por supuestas ganancias con la comercialización de cilindros de gas a grupos irregulares en las inmediaciones de Puerto Páez, municipio Pedro Camejo.
Se conoció que Héctor García y José Gregorio Jiménez estarían lucrándose con la sobrefacturación de los camiones que traían a la planta de llenado, ubicada en el municipio de Biruaca, con gas doméstico desde el complejo criogénico de Jose, en Anzoátegui, reseñó Radio Fe y Alegría.
Antro de negocios sucios
El 20 y 23 de agosto de 2022, el mandatario regional precisó que habían sido detenidos la ahora exsecretaria de administración del ejecutivo regional, Laura Rodríguez Sterlling, el tesorero Jorge Luis Salazar Rangel, y el jefe de facturación y pagos, Arnoldo Javier Santana Lovera.
Posteriormente, en septiembre de ese mismo año fue apresado el contralor general del estado Apure, Jhonny García Romero. Una comisión de funcionarios de la Dirección de Contra Inteligencia Militar lo detuvo en su propia casa y en presencia de su esposa e hijos. Fue acusado de presunto acto de corrupción administrativa.
Fuentes ligadas al caso, manifestaron que el excontralor fue detenido luego que presentara irregularidades administrativas en el sector público ante el gobernador Piñate, tales como inconsistencia facturas de empresas que habían licitado de forma indebida y pagos de forma ordinaria en el marco de una auditoría.
Sin embargo, fuentes oficialistas manifestaron que esa detención se concretó por un presunto acto de corrupción administrativa relacionado con el incremento ilegal de honorarios profesionales a su favor y hacia otros funcionarios del ente contralor.
Ante la recurrencia de estos casos al consultar distintas fuentes se puede precisar que las detenciones de los supuestos implicados tienen características parecidas. Manifiestan, los acusados ser inocentes, porque no existen pruebas suficientes que confirmen hayan incurrido en delitos establecidos en las leyes.
En uno de los casos, existe un supuesto denunciante, que no solo se hace pasar como víctima, y nunca aparece o es manipulado por el mismo gobierno, con el fin de causarle un perjuicio a los ahora detenidos, destacaron dos fuentes ligadas al caso.
“Los jueces no otorgan medidas a los detenidos, todos los jueces se abstienen en estos casos porque temen ser destituidos. En los tribunales no hay autonomía, porque en la actualidad ningún juez es titular, no son escogidos por concurso, sino más bien son designados Los detenidos también son imputados por asociación para delinquir, pero ese delito no corresponde a este tipo de casos”, dijo una fuente que pidió anonimato por resguardo de su seguridad.
Ante este panorama, mientras los acusados se declaran inocentes, la actual administración de Eduardo Piñate se deja ver como impoluta y honesta, porque castiga los delitos de corrupción reportados en esta gestión gubernamental que, al principio, parecía no contar con recursos económicos como para que se cometieran actos de corrupción. Al parecer, esto ha cambiado en los últimos meses.