Un español condenado a tres años y cuatro meses de prisión por maltratar a sus dos últimas parejas se ha registrado como mujer y pedido el indulto al Gobierno para no entrar en prisión, argumentando que tras cambiar de sexo es “una persona nueva“, distinta a la condenada por violencia de género.
La abogada María José Atoche, que se encargó de la defensa de las dos mujeres maltratadas, explicó a EFE que tanto ella como sus defendidas supieron del caso por el recurso que el individuo ha presentado en el juzgado para evitar entrar en prisión.
El condenado, natural de la ciudad andaluza de Sevilla, cuenta con dos sentencias por violencia machista en su contra, de las cuales la segunda, a 40 meses de prisión, ya es firme, pero en julio pasado acudió al Registro Civil y se dio de alta con el nombre de Milan (su verdadero nombre es Antonio), alegando que se siente mujer a pesar de haber nacido hombre.
En la legislación española, la Ley para la igualdad real y efectiva de las personas transgénero y de garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como “Ley Trans“, permite a todo español mayor de 16 años solicitar en el Registro Civil el cambio legal de sexo sin que sea necesario para ello presentar informes médicos o psicológicos ni someterse a un proceso médico para modificar su cuerpo.
Tras registrarse como mujer, el individuo ha pedido un indulto contra el que Atoche lamenta no poder hacer nada por el momento, a la espera de que se abra el plazo para pedir su impugnación.
Según la abogada, el condenado nunca presentó rasgo o indicio de querer cambiar de sexo, “e incluso en el proceso judicial pasó por dos pruebas psiquiátricas y nunca mostró circunstancia alguna parecida”, además de que en el proceso alegó que sufría una psicopatía, algo que quedó descartado.
Las dos víctimas mantuvieron una relación con el ahora condenado hace cuatro años y sostienen que en ocasiones, al mismo tiempo y sin saber que también lo estaba haciendo la otra, denunciaron al hombre por malos tratos, lesiones, coacciones o vejaciones.
La abogada explicó que el individuo, que llegó a quebrantar las dos órdenes de alejamiento de sus víctimas y estuvo ocho meses en prisión preventiva, lleva ahora un dispositivo electrónico que lo controla para que no se acerque a una de ellas, algo que dejará de estar en vigor en 2024.
En el caso de la otra víctima, el juicio se celebró en marzo y a la pena de cárcel se le unió el pago de 8.000 euros (8.560 dólares al cambio actual), de los que hasta ahora ha abonado solo la mitad. EFE