Un grupo de funcionarios del Inpec convirtieron una oficina en la cárcel La Picota, en el sur de Bogotá, en la caja menor de sobornos y extorsiones que a muchos los tiene “viviendo sabroso”. Una millonaria estrategia de corrupción con las salidas de privados de la libertad a citas médicas, falsas diligencias judiciales y hasta encuentros amorosos, se tomó las cárceles con complicidad de los guardias, que usan su fuero sindical para arroparse y evitar sanciones o investigaciones. SEMANA conoció las pruebas de este “cartel” de La Picota.
Por Semana
Desde la oficina de domiciliarias (detenciones) en la cárcel La Picota, de acuerdo con una investigación en la dirección anticorrupción de la Fiscalía, cientos de privados de la libertad encontraron la manera de salir y entrar como Pedro por su casa solo con pagar un peaje, una extorsión de los funcionarios vinculados que tenían un escandaloso catálogo de servicios ilegales. Además de estos permisos, está el ingreso de licor, teléfonos, drogas, visitas, prostitutas… Un largo menú.
Ramiro Suárez, de pagar “servicios” a testigo
La polémica por el traslado del exalcalde de Cúcuta Ramiro Suárez Corzo tiene origen justamente en este vergonzoso escenario de corrupción. Fue él quien pagó por salir de La Picota a las citas médicas y otros encuentros en Bogotá. SEMANA conoció los recibos con los desembolsos que hizo el exalcalde a un funcionario que estaba a cargo de los traslados en La Picota (ver imagen).
Se trata de más de 15 consignaciones a nombre de Hugo Ignacio Téllez, un guardián del Inpec en La Picota. Cuatro de esos pagos ocurrieron entre septiembre y noviembre de 2019, el último por 5 millones de pesos. Las consignaciones fueron hechas a la cuenta bancaria del funcionario, de acuerdo con los recibos que conoció SEMANA y que están en el proceso de colaboración que inició Suárez Corzo con la Fiscalía.
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