La organización Amnistía Internacional (AI) consideró que el nuevo proceso de regularización migratoria iniciado en Ecuador para la población venezolano no resuelve, de momento, la desprotección de la mayor parte del aproximadamente medio millón de ciudadanos venezolanos que se encuentra en el país.
En un informe difundido este jueves bajo el título “Regularizar y proteger”, que evalúa las condiciones migratorias y de refugio que tiene la población venezolana en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, Amnistía exhortó, en el capítulo ecuatoriano, a adelantar la etapa del proceso prevista para aquellos migrantes que entraron al país de forma irregular.
Hasta el momento las primeras fases de la regularización migratoria implementada por la administración del conservador presidente Guillermo Lasso están disponibles únicamente para aquellos extranjeros que hayan entrado al país de forma regular antes del 1 de junio de 2022, y estén en condición irregular por razones como el vencimiento de su visado.
Es el caso de muchos venezolanos que con el primer proceso de regularización migratoria desarrollado en 2019 tuvieron acceso a la Visa de Excepción por Razones Humanitarias (Verhu) y ahora, una vez vencida, deben solicitar la Visa de Residencia Temporal de Excepción (Virte).
Este documento otorga la residencia por dos años que pueden ser prorrogables por una vez, y además permite trabajar y acceder a otros tipos de visados de residencia permanente.
Sin embargo, Amnistía Internacional incidió en la urgencia de anticipar la apertura del proceso a quienes ingresaron al país de forma irregular al considerar que existen un gran número en esa situación.
La organización aseveró que este condicionante constituye actualmente una limitación para que parte de la comunidad venezolana en Ecuador pueda acceder ya a la regularización, junto a los costes de los trámites, que ascienden a 60 dólares.
En ese sentido, recordó que, “en línea con las directrices del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) sobre los programas de protección complementaria o temporal, estos no deben tener costos”.
También observó como una posible limitación que algunos pasos del proceso requieren acceso a internet, aunque admitió que este escenario no fue señalado por las personas entrevistadas para este estudio.
Además, indicó que el programa de regularización “no incorpora una perspectiva de género, ni tampoco específicamente atiende a las necesidades de las sobrevivientes de violencia de género”.
Hasta el momento hay más de 200.000 extranjeros que se han inscrito para realizar la regularización migratoria, de los que más de 50.000 venezolanos ya cuentan con su Virte.
Se estima que 374.000 de los alrededor de 500.000 venezolanos que se encuentran en Ecuador están en situación irregular, según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
Respecto a los refugiados, Aministía reveló que entre 2016 y 2022 se registraron en Ecuador 38.814 solicitudes de asilo de personas venezolanas y 1.449 personas fueron reconocidas refugiadas, lo que para la organización internacional constituye un número bajo.
La organización no gubernamental enfatizó que “los programas temporales no pueden sustituir la figura del asilo, sino que son una forma complementaria que puede coexistir con el asilo para dar una respuesta inmediata y adecuada a grandes movimientos de personas con necesidad de protección”.
Asimismo, recomendó eliminar el visado requerido a las personas venezolanas que quieren entrar al país ya que, a su juicio, “la presente investigación pone en evidencia que Colombia, Perú, Ecuador y Chile están incumpliendo con sus obligaciones internacionales de proteger a quienes huyen de Venezuela para resguardar su vida, integridad y derechos humanos”.
EFE