En la Alemania nazi fueron llamados “Juristas del horror” a los abogados y juristas que participaron de manera activa en la creación y justificación de leyes y políticas del régimen presidido por Adolf Hitler para intentar legitimar sobre la base de una legalidad parcializada y condicionada por imperativos ideológicos de exclusión y despojo, leyes antisemitas, políticas de persecución y exterminio de sectores de la población considerados indeseables o subhumanos, como los judíos, romaníes o gitanos y otros grupos que no calificaban como de raza aria, supuestamente superior, o no se alineaban con los propósitos de supremacía nacional impuestos desde el poder dominante.
Estos juristas fueron cómplices del proyecto nazi y jugaron un papel decisivo en la maquinaria del Holocausto y otros crímenes atroces. Redactaron leyes discriminatorias y crearon sistemas legales para detener y perseguir a grupos específicos de ciudadanos; justificaron brutales acciones policíacas con base en una interpretación perversa y retorcida de la ley. Entre ellos, los más destacados fueron Carl Schmitt, defensor de la supresión del parlamento como correa de transmisión entre la sociedad y el Estado; sostuvo la legalidad de las purgas políticas del régimen nazi; Roland Freisler fue un juez que presidió juicios sumarios para condenar a muerte a muchos opositores políticos. En un contexto político totalitario y genocida, ellos son ejemplos extremos de la corrupción de sus actuaciones que desembocaron en la “banalidad del mal”, al confundir legalidad y legitimidad.
En la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro se ha denominado “jueces del horror” a jueces y magistrados corruptos, acusados de tomar decisiones judiciales parcializadas y politizadas, cuyo impacto negativo ha sido clave en la inoperancia del sistema de justicia, en la parcialidad de las decisiones y falta de transparencia y en la violación reiterada de los derechos humanos en el país. No podemos olvidar a los jueces Calderón y Nieves, por ejemplo. Ni tampoco a los civiles condenados recientemente a dieciséis años de prisión por reclamar derechos gremiales y laborales. El 21 de septiembre de 2023, mientras se aplicaban injustas y brutales sentencias amañadas contra quienes han disentido y sin que se les hubiera demostrado delito alguno, irónicamente Venezuela era ratificada en la directiva del Instituto Iberoamericano de Altos Estudios Judiciales.
Es evidente la falta de independencia en los tribunales. Quienes entre los jueces mostraron resistencia o intentaron tomar decisiones basadas en la ley y la justicia enfrentaron represalias atroces, como fue el caso de la jueza Lourdes Afiuni, destituida de su cargo, sometida a terribles torturas, a cárcel y al silencio impuesto por quienes la juzgaron por crimen de “corrupción espiritual”, puesto que no encontraron prueba alguna para inculparla. Los numerosos casos de corrupción en el sistema judicial venezolano debilitan gravemente la confianza en la justicia y van de la mano con los intereses particulares de la camarilla militar civil criminal y mafiosa que domina las instituciones y busca imponerse a costa de la perversión de la función judicial. Son conocidos los sobornos aceptados por jueces y magistrados a cambio de tomar decisiones favorables para individuos o empresas.
En la madrugada del 20 de septiembre fueron sentenciados a altas penas de prisión los 10 presos políticos militares de “Operación Constitución”. La juez Grendy Duque, una vez más, violó los derechos humanos de los indiciados, omitió más de la mitad de las pruebas, ignoró sentencias absolutorias anteriores y violentó el debido proceso al incorporar a un testigo por vía telefónica junto con los fiscales Farik Mora, Carlos Dueñas y Jhonatan Rangel. Solo obedecen órdenes del ejecutivo. Sumisos rastrera y vilmente. No administran justicia ni aseguran imparcialidad. La politización del sistema judicial destruyó el Estado de derecho y en lugar de la transparencia son un mecanismo de control social y de represión contra los opositores del régimen para atemorizar y quebrar la disidencia.
Continúan cometiéndose en Venezuela violaciones graves a los derechos humanos. La cifra de asesinatos sigue siendo alarmante, pues la transformación de FAES (Fuerzas de Acción Especial) en DAET (Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas) son un mero cambio de nombre. ¿Hasta dónde vamos a aguantar el horror?