Cuando los focos deportivos están puestos en el acaso más importante de todos los partidos de la fase de grupos de la Champions League ante el Porto en Portugal, la reciente decisión de la Justicia de imputar al Fútbol Club Barcelona de cohecho en el Caso Negreira -por el que se le habría pagado, desde el club, 7.3 millones de euros al ex vicepresidente de los árbitros españoles entre 2001 y 2018- puede generar estragos en la entidad catalana, como una mancha venenosa.
De a poco van aumentando las polémicas entre los protagonistas -en estas horas rompió un largo silencio uno de los involucrados, el expresidente del Barcelona Sandro Rosell, quien estuvo encarcelado por casi dos años- y el actual mandatario azulgrana, Joan Laporta, quien parecía a salvo en la causa por prescripción de lo ocurrido en su primer mandato entre 2003 y 2010, ahora podría sumarse al propio Rosell, y a su antecesor en el cargo, Josep María Bartomeu.
Esta decisión de la Justicia, tomada el pasado 28 de septiembre, también abrió otro frente con la UEFA, que había decidido no tomar ninguna medida para la presente Champions hasta aguardar el fallo de la Justicia española -especialmente para cuidar sus espaldas porque anticiparse en una sanción, y que luego el club resultara exonerado, podía implicar una fuertísima indemnización- pero que ahora comienza a estudiar la posibilidad de suspender a los catalanes para la competencia europea de 2024/25, justo cuando cambiará de formato.
Al mismo tiempo, la imputación de cohecho al Barcelona, a los expresidentes Rosell y Bartomeu, al exárbitro Enriquez Negreira y a su hijo -que presentó varias facturas para los cobros- Javier Enriquez Romero, conlleva otra polémica al considerar al ex juez del fútbol y entonces vicepresidente del Comité Técnico Arbitral (CTA) como “funcionario público”, algo que podría generar que el club apelara ante una instancia superior.
Con la figura de “cohecho”, – a diferencia de la “corrupción entre particulares”- tomada por el juez Joaquín Aguirre, ya no se necesita la demostración de la adulteración de un partido concreto -algo que se solía utilizar como defensa por el Barcelona- y el delito es considerado mucho más grave.
El magistrado recordó en su escrito que el delito de cohecho se consuma “cuando se efectúa un pago indebido a un funcionario se demuestre o no la corrupción sistémica del arbitraje español a causa de tales pagos” y remarca que Enríquez Negreira “tenía el concepto legal de funcionario” debido a su cargo en la CTA.
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