Recuperar el territorio en reclamación es legítimo y legal porque nos pertenece a los venezolanos. Rico en recursos naturales, si no lo retomamos, en pocos años Guyana exportará más petróleo que nosotros y que países como Ecuador. Ya gracias a los recientes descubrimientos de crudo Guyana es el país que más crece económicamente en la región. Recordemos que en el 2004 Chávez como presidente, bajo la influencia de Fidel Castro, concedió a Guyana con unas declaraciones la explotación en la zona en reclamación cuando consintió el aprovechamiento de la misma para “el desarrollo de ese pueblo”. De esta manera violó los artículos 1,10,11 y 13 de la Constitución que señalan que la integridad territorial es un derecho irrenunciable de la Nación. También es un equívoco desde el punto de vista jurídico que ahora el gobierno pretenda hacer un referéndum sobre un territorio que hay que defender de manera obligada como lo establece la Constitución. Politizando además un tema que debería tratarse de forma asépticamente institucional. La soberanía no puede someterse a referéndum. Es más, el haber permitido por parte del actual gobierno que Guyana explote la plataforma continental ha sido también un error inexcusable.
De cualquier manera, ahora lo conveniente es defendernos y contra demandar ante la Corte Internacional de La Haya a Guyana. Venezuela tiene justos títulos para ganar el juicio. El equipo jurídico de Maduro, compuesto entre otros de unos cuantos extranjeros (sin amor por Venezuela), se inició mal al alegar que el tribunal no era competente, cuando es una oportunidad para resolver de una vez por todas una controversia que tiene más de un siglo.
Es inconcebible que hasta ahora no se haya pedido al Tribunal de La Haya, ya que hay un juicio en proceso, que suspenda hasta que se resuelva el litigio cualquier explotación o concesión en la zona disputada. Lo que demuestra también el mal manejo de los abogados. El territorio en reclamación sigue siendo uno de los más despoblados del mundo y Guyana nunca a tenido posesión legítima.
En 1899 de manera fraudulenta el Laudo Arbitral de París, viciado por falta de motivación y por ser una componenda probada contra Venezuela, además de aceptar mapas falsificados, no tomó en cuenta el principio jurídico internacional que permanece en nuestra Constitución, el Utis Possidetis Iuris, que significa que lo que has poseído históricamente es lo que te corresponde como territorio. Se desconoció la frontera del río Esequibo y se nos arrebataron 159.500 Km2 de territorio que nos dan amplios derechos a la vez sobre el mar territorial que abarca 200 millas náuticas.
Todo comenzó con la bula de donación del Papa Alejandro VI, a quien pidieron la demarcación del nuevo mundo descubierto por Colón, que Portugal le disputaba muy parcialmente a España. El hoy Brasil le fue concedido a Portugal y la región de Venezuela, con el resto de casi toda la América a España. De cualquier manera, en 1591 España funda un fuerte en la orilla del río Esequibo, donde se unen el río Cuyuní y el Mazaruni. En 1629 hubo un primer intento anglo-holandés contra San Tomé de Guayana, donde la flota pirata y enemiga fue obligada a retirarse. En 1648 los Holandeses ocuparon en la zona la islita de Kycoveral, situada en una de las intersecciones del río Esequibo. Venezuela comienza por el este en el Esequibo tal cómo está demostrado en todos los mapas de la época. Vital invocar el Tratado de Münster de 1648, donde solo se reconocía a Holanda el territorio que tenía como límite al río Esequibo por el oeste condicionado a no avanzar en sus invasiones. Inglaterra compró el territorio a Holanda y siguió hacia nuestro territorio en la búsqueda de oro y del dorado. En 1829 The London Enciclopedia señaló que el río Esequibo era el límite occidental de la colonia. A confesión de parte relevo de pruebas. Más tarde, el Reino Unido pagó los servicios del explorador Schomburk para que fijara los límites estableciendo una primera línea verdadera que llegó hasta el Esequibo. Luego en 1840 trazó una segunda línea artificial tomandonos 141.930 Km2. En 1850 Gran Bretaña y Venezuela se comprometieron a no usurpar ni ocupar el territorio en reclamación so pena de no reconocimiento. En 1877 Inglaterra no contenta con todo lo robado falsificó un mapa llevando la línea hasta Punta Barima. Otro mapa fraudulento con la supuesta y nueva línea Schomburk engulle 167.830 Kmts2. Unos años después, dijo Gran Bretaña que su frontera llegaba hasta Upata lo que le daba 203.310 Kmts2. En 1887 Venezuela rompió relaciones diplomáticas con el Reino Unido denunciando el despojo “ante todas las naciones civilizadas” tal y como se señaló.
A finales del siglo XIX, EEUU inspirado en la Doctrina Monroe, quiso parar la invasión inglesa para que esta no llegara a las bocas del Orinoco, lo que permitiría la penetración fluvial de Gran Bretaña hasta el Amazonas y una influencia mucho más poderosa en la región. Así se produjo el Tratado de Washington de 1987 que impulsó el Laudo Arbitral de París en 1899, donde la Gran Bretaña no permitió que actuara Venezuela, sino que tuvo que representarnos EEUU. Hubo dos jueces Ingleses y dos norteamericanos y el presidente del tribunal fue un Ruso que había sido profesor en Cambridge y que tenía grandes vínculos con Gran Bretaña, que para ese momento era la potencia colonial más fuerte del planeta. El Reino Unido alegó que poseía el territorio pacíficamente por más de 50 años lo que le daba suficiente titularidad, adulterando la posición de Venezuela, que siempre se opuso a la pretensión imperial. Lo que la Gran Bretaña le compró a los Holandeses nunca pasó del margen este del Esequibo. Sin embargo, el Tratado de Washington impuso como regla inaceptable para el Laudo el principio de la efectiva colonización, dominación política o posesión legítima de 50 años lo que lo hace también nulo de toda nulidad, al contradecir el derecho histórico del Utis Possidetis Iuris, que establece que lo que poseíamos nos pertenece.
Venezuela siempre protestó las resultas del Laudo Arbitral de París. En 1962 el canciller Marcos Falcón Briceño llevó la denuncia a la ONU, lo que dió origen al Acuerdo de Ginebra en 1966, donde se reconoció que las partes debían buscar una salida negociada distinta al Laudo Arbitral de París. Guyana no puede desconocer el Acuerdo de Ginebra porque además lo ratifica firmando el Protocolo de Puerto España en 1970 con Calvani como Canciller de Venezuela. Guyana nunca estuvo dispuesta a encontrar una solución, el secretario general de la ONU en 2018 llevó el caso a la Corte Internacional de La Haya y Guyana demandó a Venezuela en la instancia internacional. Allí estamos obligados a ganar el caso y a que se haga justicia. [email protected]
@OscarArnal