Cuando se habla de “tráficos irregulares”, saltan desde el pensamiento y brotan a flor de labios comentarios que refieren la infernal compraventa de drogas, de todas las especies, tal cual como lo hemos analizado en este mismo espacio en anteriores entregas. Lo mismo pudiéramos decir cuando comentamos otro tipo de operaciones ilegales, como vendría a ser el cambalache en donde la mercancía a negociar en los mercados negros son minerales, como el oro, esa preciada y abrillantada riqueza natural que se explota a mansalva, por ejemplo, en el Arco Minero venezolano.
Pero “no solo de oro viven los garimpeiros” que cometen ese ecocidio en la Guayana venezolana, también se perpetran otros desmanes, tal como lo confirmó recientemente el Comité de la ONU, especializado en la eliminación de la discriminación contra las mujeres advirtiendo “lo preocupante que haya pocas medidas en vigor en Venezuela para prevenir el tráfico de personas, en particular de mujeres y niñas, con fines de explotación sexual”. Desgraciadamente hasta allí no llegan los sacrificios, ya que se ha podido verificar el secuestro y asesinato de niños cuyos órganos son posteriormente vendidos en ese infernal comercio de secciones de humanos. Una banda denominada Los Justos-que de justos no tenían nada-se dedicaba a raptar menores en el municipio Caroní del estado Bolivar, la operación la adelantaba una mujer identificada como María Elena Pinto, que ya había cometido el secuestro de cinco criaturas, entre dos y cuatro añitos, que “entregaba a unos hombres que se encargaban a quitarles su prematura existencia para luego extraerle los órganos que tranzaban ante los interesados”.
Esta es una consecuencia de la suspensión del programa de donantes de órganos de personas fallecidas, impuesta por Nicolás Maduro el pasado año 2017. Ya suman centenares de personas que no encuentran posibilidades de someterse a un trasplante para remediar sus dificultades de salud, algunos terminan muriendo, como fue la mala suerte de 4 menores enfermos que aguardaban en el Hospital J. M. de los Ríos, en Caracas, ser beneficiarios de una intervención quirúrgica de esa naturaleza. De allí que, ante la impotencia por salvar sus vidas, esperando, por ejemplo, un trasplante de riñón, algunas personas caen en manos de esas redes criminales, con la esperanza de que en algún momento, el régimen madurista, haga cumplir lo que establece la Ley de Donación de Trasplante de Órganos y Tejidos.
En Colombia, ya no solo se habla de las rocambolescas aventuras de Pablo Escobar como capo del cártel de Medellín; en esta hora aciaga igualmente se propagan informaciones sobre los ajetreos adelantados por las mafias dedicadas al tráfico de órganos, sin embargo es menester destacar que desde que se han facilitado donaciones legalizadas la situación tiende a ser atenuada, tal como lo revela el Instituto Nacional de Salud, indicando que, en fecha reciente, se han obtenido 188 donantes de órganos y 977 donantes de tejidos; se han realizado 660 trasplantes de órganos con donante vivo o cadavérico; 515 con donante cadavérico y 145 con donante vivo. Lo cierto es que en Colombia esa práctica es considerada absolutamente legal y todo está regulado según Ley 73 de 1988, la ley 919 de 2004 y el Decreto 2493 de 2004.
En México, las bandas irregulares no se conforman con controlar las rutas del narcotráfico por donde ponen a circular miles de toneladas de cocaína, marihuana e importantes alijos de fentanilo y heroína. También apelan a este demoniaco trueque de órganos, convirtiéndolo en uno de los actos criminales más rentables. Los riñones son los más comunes en el “mercado de órganos”, seguidos por los hígados y las córneas. Existen mercados emergentes para óvulos humanos, piel, embriones humanos y plasma sanguíneo.
Bien se sabe que Perú, junto con Bolivia y Colombia, despunta como uno de los pioneros en la siembra y cosecha de la hoja de coca. Sin embargo las mafias no dejan de lado este otro mercado sanguinario en donde la mercancía no es la materia prima para elaborar la pasta de la droga blanca, sino partes del cuerpo de personas. La situación se ha complicado por la expansión de las operaciones llegando a consolidarse la figura del “turismo por trasplante”. Todo está compilado en expedientes que se han articulado a partir de investigaciones realizadas en clínicas peruanas en donde se han interrogado a médicos que supuestamente se dedican a realizar trasplantes clandestinos de órganos. Según informaciones filtradas se han dado caso de pacientes que cancelan sumas que superan los 100.000 dólares por asegurar un órgano. Me conmovió leer la reseña suscrita por la periodista Beatriz Jiménez en la que informa que, “un panadero de 34 años, cuyo nombre se mantuvo en reserva, admitió en una entrevista publicada en el diario El Comercio haber vendido su riñón por 7000 dólares al mexicano Óscar Soberón”.
En otras latitudes ocurren cosas extravagantes, en Pakistán, un mecánico hacía las veces de anestesista, y no era precisamente un vehículo el paciente en su taller, sino seres humanos que eran víctimas de una red de traficantes de órganos humanos dirigida por un médico identificado como Fawad Mukhtar, que realizaron más de 328 trasplantes ilegales de riñón, causando la muerte de al menos tres personas. La policía informó que “los órganos se ofrecían, a un precio de hasta 10 millones de rupias, unos 34.000 dólares, a clientes extranjeros”.
Está demostrado que la mejor manera de combatir estas prácticas endemoniadas es logrando que los países sean autosuficientes en trasplantes. Es la experiencia positiva que se muestra desde España en donde ha sido posible arrinconar esos procedimientos ilegales al convertir a España en pionero de un sistema sanitario que lidera mundialmente las donaciones de órganos. En España el tráfico de órganos no solo está tipificado como delito penal, sino que tiene detrás un proceso plagado de controles para que nunca llegue a darse. Una crónica firmada por Luis Meyer nos comparte las reflexiones de una especialista en esta materia, Marta López Fraga, quien recomienda que “la primera medida y la más efectiva sería que todos los países trabajaran para conseguir ser autosuficientes en trasplantes. La gente recurre al tráfico y la trata porque no consiguen el órgano que necesitan, de modo que si los países tuvieran suficientes donantes no sucedería”, explica. Y añade: “En segundo lugar, es necesario que todos los países tengan una legislación adecuada y armonizada entre ellos, y que impongan las penas adecuadas”.
Mientras que, Beatriz Domínguez-Gil, directora de la Organización de Trasplantes razona que “desde un punto de vista legislativo son importantes las disposiciones legales como por ejemplo nuestra Ley de Trasplantes y el Real Decreto que la desarrolla…Para la donación en vivo, establece unos filtros obligatorios que hacen que el nuestro sea uno de los procedimientos más garantistas que existen en el mundo en este sentido”.
En conclusión, estas experiencia son dignas de tomar en cuenta par evitar estas infernales operaciones.
@AlcaldeLedezma